Intentar renovar o acceder a la condición de inquilino del Palacio de la Moncloa pasa inexorablemente por mantener seducido el caladero de votos de los jubilados, sin los cuales, cualquier intento de gobernar está condenado al fracaso de los aspirantes. Inmersa España en dos crisis económicas, la que afecta a todo el planeta con origen en bastardas conductas financieras, y nuestra particular penitencia fruto del pecado de un modelo de crecimiento basado en el polvo del ladrillo, la polémica ha aflorado de una forma abrupta la semana pasada poniendo en tela de juicio la validez de nuestro sistema de pensiones, cuestión nada baladí que ha suscitado mayoritarias reacciones de rechazo.
Criticado el momento y las formas con las que se ha trasladado a la opinión pública, ello no impide que deba reflexionarse con sosiego sobre las razones aducidas por el Gobierno para los cambios propuestos. Y este debate, que trasciende a las luchas partidarias, tiene un calado que lo ancla en el modelo de Estado de bienestar que este país puede mantener, y en el que entran en juego las siguientes variables más significativas:
1. Esperanza de vida
Según el INE, cercana a los 81 años. Más longevas las mujeres, 84, menos los varones, 78. La tasa de mortalidad tiende a reducirse en todas las edades, pero las mejoras más significativas se desplazan hacia las edades más avanzadas, lo que unido a la calidad y universalidad de nuestro modelo sanitario, está produciendo mejoras anuales medias de 0,2 años. En tan solo 20 años, la esperanza de vida habrá crecido dos años. Tales hechos empíricos, deseables, aumentan nuestra capacidad de supervivencia con una mejor calidad de vida de los mayores, pero acarrean por el contrario el inconveniente económico de unos mayores gastos en materia sanitaria, y el pago de pensiones cada año más numerosas.
Según el Padrón de 2009, la población española de más de 62 años es del orden del 19%; 8.600.000 pensiones con una media de 761,82 e/mes, en 2030, proyecciones del INE, será del 26%, lo que evidencia el progresivo envejecimiento de la población. Seremos un país de abuelos jubilados con buena salud.
2. Aportantes a la Seguridad
Social.
Las pensiones se nutren de las aportaciones de empresarios y trabajadores activos a los distintos regímenes de la Seguridad Social. En la medida que la población activa crezca por encima del ritmo de los que acceden a la jubilación, las prestaciones del sistema estarán garantizadas. Nuestra realidad es bien sombría, la proporción hoy, 2010, es del orden de 2 trabajadores en activo por cada pensionista, y la dirección de ambas variables es inversa, puesto que mientras se está deteriorando a gran velocidad el número de empleados, cada vez son más los que demandan sus derechos en forma de pensión, los cuales, por el crecimiento de la esperanza de vida, perciben durante más años sus derechos pasivos.
En los últimos años de bonanza económica la llegada de los inmigrantes fue un bálsamo que ocultó el problema. Hoy se muestra en todo su crudeza el cóctel de "menos cotizantes" a la Seguridad Social que, además, "empiezan a cotizar más tarde", con el de "más jubilados" que "viven más tiempo", lo que hace que en estas condiciones el sistema no sea sostenible.
3. Edad de jubilación
A pesar de que ésta se produce oficialmente a los 65 años, lo cierto es que la edad media de jubilación es actualmente de 63,74 años como consecuencia de las diferentes fórmulas de jubilación anticipada, sobre todo en el sector privado. A partir de dicha fecha y hasta el fallecimiento, su nuevo pagador es la Seguridad Social.
4. Cálculo de la pensión
Se cuantifica teniendo en cuenta las cotizaciones de los últimos quince años de vida laboral. Un aumento de este plazo hasta 25 años, desliz cometido en el documento remitido a Bruselas, así como un aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años haría recortar el gasto público en pensiones en un 4% del PIB.
5. Tasa de natalidad
Aquellos que en el futuro vayan a integrar la base poblacional activa desde la que se financien las pensiones, dependerán en gran medida de: rescatar del desempleo a los parados y que empiecen a ser cotizantes; del aumento de la población vía inmigración y de un crecimiento sostenido de las tasas de nacimiento. Las dos primeras variables en nada van a contribuir a corto plazo, los más de 4 millones de parados y el cierre hermético de fronteras no auguran más que una disminución paulatina de los aportantes a la Seguridad Social. La tercera variable, la natalidad, factor a plazo superior a 25 años, tampoco aporta grandes esperanzas. Los datos de 2008 muestran una fecundidad de 1,46 hijos por mujer en edad de procrear, muy lejos del baby boom de los años 70, 2,8 hijos por mujer, con la particularidad de que el 20% de dichos nacimientos proceden de madres inmigrantes, la mayor parte de Africa y América del Sur, inmigrantes que ya no pueden obtener visados para entrar en España salvo que entren ilegalmente. Se acabó la natalidad que conlleva la inmigración, sólo quedan como futuras madres las mujeres que hoy residen en España, y salvo que se encuentren ideas imaginativas para aumentar la tasa de natalidad, su capacidad reproductora está bajo mínimos, máxime en tiempos de crisis.
El modelo matemático en el que se integran las variables descritas no admite discusión, el sistema de pensiones entrará en situación de déficit en un futuro no muy lejano, lo que lleva certificando el Pacto de Toledo en sus periódicos informes. El pacto no escrito sobre la necesidad de que cada generación sufrague los gastos de la precedente y sea financiada en sus prestaciones por las siguientes, requiere que la determinación de las prestaciones deba realizarse previendo su mantenimiento en el momento en el que quienes las financian aspiren a disfrutarlas.
Descartada la esperanza de vida, creciente, sólo cabe actuar sobre el resto de las variables, dos de ellas, población activa y tasa de natalidad, son deberes propios del Gobierno; las otros dos, edad de jubilación y cálculo de la pensión, deben consensuarse en una renovada versión del Pacto de Toledo entre partidos políticos y organizaciones patronales y sindicales, y explicarse a los ciudadanos con una semántica entendible. Cualquier otra actuación sería irresponsable y nos conduciría a la pérdida de calidad del Estado de bienestar al que todos aspiramos. En terminología del ex presidente Clinton, "son las matemáticas, estúpido".
