JOAQUÍN GARRIDO
A la gran crisis económica por lo que estamos pasando se están poniendo muchas premisas para la solución de este grave problema que nos atenaza a todos los países, industrializados y no industrializados. Creo que las fórmulas que se están aplicando son las correctas para cada situación; sin embargo, hay un principio general cuando las cosas van mal económicamente: La reducción de costes o gastos superfluos es lo primero a eliminar. En esta linea va mi opinión, en la reducción de gastos innecesarios o duplicados.
En el siglo XIX, en 1836, fueron creadas las diputaciones provinciales, cuando el Estado era centralista y centralizador y estas entidades podían defender y luchar por los intereses de cada una de las provincias del Estado español, tratando de llevar a cada una el máximo de los presupuestos en aquel momento.
Pasados los años, España siguió siendo un estado centralista, hasta la época de la Dictadura, donde también parece que tuviera sentido la prevalencia de las diputaciones como defensa de los intereses provinciales.
A la llegada de la Democracia, esta institución se modificó y desaparecieron, en aquellas autonomías uniprovinciales (Madrid, Murcia,Cantabria, La Rioja, Asturias y Navarra) y en las provincias vascas e insulares.
Hoy en día, ¿qué sentido tienen las diputaciones provinciales?, cuando una de las misiones principales es la de colaborar en la gestión de la actividad municipal y provincial.
La pretensión de todos los ayuntamientos es gestionar su gestión sin ningún intermediario. Y, por otro lado, están las propias autonomías que se encargan de gestionar sus recursos.
Las diputaciones simplemente sirven para poner bajo el paraguas a aquellos políticos, por cierto no muy brillantes, para seguir manteniendo sus estatus personales y económicos.
Pensemos la cantidad de dinero que ahorraría el Estado si se suprimiesen las diputaciones, pues no solamente es el sueldo de diputados, sino de asesores que implican estas instituciones.
En cuanto a las gestiones que realizan podrían ser asumidas perfectamente por los organismos autonómicos y municipales, dotándoles de presupuesto. Estoy convencido que los españoles empezaremos a creer en los políticos cuando a ellos también se les apriete el cinturón y se les reduzcan los sueldos y los privilegios.
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