FIDEL ROMERO SALORD
Según parece los ayuntamientos de Vic y Torrejón han depuesto su actitud y han acatado, como no podía ser de otro modo, la legalidad vigente en materia de empadronamiento. Mientras tanto, en toda esta polémica, han pasado de puntillas muchos otros ayuntamientos, algunos de la provincia de Alicante, que sin el arrojo de manifestar públicamente sus decisiones, llevan años poniendo trabas sistemáticas a los extranjeros que quieren empadronarse, solicitando documentación improcedente o alargando los plazos hasta extremos injustificables.
Difícilmente podemos hablar de éxito en la defensa de derechos humanos tan básicos y reconocidos en nuestra Constitución como el acceso a la sanidad y la educación. Al contrario, tras este agrio asunto se ha abierto una herida que queda mal cerrada.
En estos días hemos escuchado por parte de algunos responsables públicos (digamos más bien "presuntos responsables") todo tipo de disparates, proclamas incendiarias, ambigüedades, pequeñas mentiras, embustes manifiestos, silencios obscenos y cifras sacadas de chisteras estadísticas con doble fondo... Más que un debate ha sido una disputa, más que una reflexión una guerra, más que un compromiso ante un tema tan sensible una cacería donde la perdiz de la inmigración irregular, mareada y maltrecha, ha quedado a la merced de voraces cazadores de votos.
El extranjero irregular ha sido presentado a una opinión pública aquejada por la crisis como responsable de la falta de financiación a los municipios, del progresivo desmantelamiento de las políticas sociales de las autonomías y de todos los males de la sociedad española. Parece que hayamos perdido la memoria de una economía que creció gracias a la aportación de los trabajadores extranjeros. Parece que hayamos perdido la perspectiva de un sistema de pensiones que no se sostendrá sin la aportación de los foráneos. Parece que estemos perdiendo también los avances en la convivencia que con tanto esfuerzo habíamos conquistado.
Puestos a cerrar nuestras fronteras a la llegada de irregulares, cerremos la mayor de todas ellas que no está ni en nuestras costas, ni nuestros aeropuertos ni en nuestras carreteras. En la actualidad el paro, la precariedad en el trabajo y la explotación laboral están provocando que miles de familias extranjeras, perfectamente integradas y con documentación en regla pierdan su situación de regularidad documental. La inmigración irregular en la actualidad no se nutre tanto de aventureros en busca de fortuna sino de familias trabajadoras, que luchan en el día a día, que llevan tiempo integradas en el territorio y que, una maldita mañana, reciben la amarga noticia de que sus papeles no han sido renovados.
Es en esta frontera interna, que marca una dura línea entre la integración y la exclusión laboral, donde todos, ciudadanos, entidades, instituciones, partidos políticos... todos, deberíamos arrimar el hombro y hacer frente común. Este es el agujero que hay que taponar, no con demagogia, no buscando chivos expiatorios, sino con medidas concretas y compromisos donde nadie quede excluido.
De otro modo no sólo perderán los papeles algunos sino que corremos el riego de perderlos todos.
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