Desde mediados del siglo XIX el comercio ha contribuido a desarrollar una forma de urbanidad (noción relativa a la experiencia vivida de la ciudad) vinculada a la calle y a la plaza, como espacios públicos por excelencia, al peatón y a la diversidad funcional y social presentes en la escena urbana.

La relación entre estructuras y formas de distribución comercial con los cambios y transformaciones de la escena urbana de las ciudades ha sido una constante desde entonces. La galería comercial decimonónica, la calle y bulevar con zócalo comercial de la ciudad compacta y de usos múltiples, con los grandes almacenes, son formas de distribución comercial que han constituido un potente factor de animación y vitalidad en la ciudad, así como de introducción de innovaciones técnicas, desde las cubiertas de hierro fundido y vidrio laminado de las galerías decimonónicas a las escaleras mecánicas y el aire acondicionado de las grandes tiendas de la segunda mitad del siglo XX.

Esta contribución del comercio a la ciudad comenzó a torcerse en los años setenta del siglo pasado con la aparición de los hipermercados, acentuándose más tarde con los centros comerciales que comienzan a implantarse a finales de ese siglo e inicios del actual.

Una nueva urbanidad

Ikea y el centro comercial agregado en la propuesta de Alicante es el paradigma de ese nuevo modelo comercial en el que confluyen las modalidades de distribución comercial con los cambios territoriales definidos por procesos de desarrollos dispersos de baja densidad residencial en periferias y áreas periurbanas, auspiciado todo ello por las facilidades ofrecidas por las redes de infraestructuras al transporte privado. El resultado es un territorio fragmentado en piezas funcionalmente homogéneas y al mismo tiempo polarizado en torno, entre otros, a estos grandes contenedores comerciales.

Este territorio define una nueva clase de urbanidad fundada en el uso intensivo del coche, en la sustitución de la calle y la plaza por el viario y el aparcamiento, en la pérdida de protagonismo del espacio público por la emergencia del espacio privado de uso público, y en un paisaje genérico en el que se disuelve toda huella de identidad apareciendo una nueva: la de las marcas. En estos espacios comerciales se crea una escenografía dirigida a fomentar el consumo como una experiencia emocional.

Sería de ingenuos empeñarse en proteger el comercio urbano oponiéndose frontalmente a la extensión de nuevas estructuras comerciales como Ikea, sobre todo porque los ciudadanos tienen derecho a beneficiarse de las ventajas que traen consigo modalidades de venta como ésta; y porque tampoco vienen mal los empleos que pueda generar la nueva planta comercial, aunque no van a resolver el problema del desempleo en la ciudad ya que, según las cifras que aporta la misma empresa, en el total de los 13 centros abiertos en España trabajan unas 7.500 personas, lo que arroja una media de entre 500 y 600 puestos de trabajo, sin contar con la posibilidad de la destrucción de empleo, a medio y largo plazo, que una actividad de la envergadura de la propuesta podría acarrear a estructuras comerciales más frágiles.

En la actualidad, el reto para el urbanismo y las políticas urbanas está en cómo integrar los nuevos formatos comerciales en espacios de tal manera que no sólo minimicen sus efectos negativos sino que sean capaces de recuperar aquellos valores urbanos ahora perdidos de los que hablaba al comienzo de este artículo.

Costes públicos

Entre los efectos negativos y costes externos que pueden producir estas grandes implantaciones comerciales, se destacan dos: en primer lugar los derivados del incremento en el número y longitud de viajes enerados y atraídos por estas actividades en donde el coche es el modo de transporte hegemónico; y en segundo lugar, los costes inducidos sobre las estructuras comerciales del resto de la ciudad.

El efecto inductor sobre el tráfico presente en cualquier centro comercial de periferia se agrava en el caso de Ikea, en la medida que tiene un radio de influencia regional y un potencial de atracción mucho mayor que otros centros. La misma empresa estima, durante el primer año, un número anual de visitantes en torno a 15 millones, cuyos coches generarán un volumen importante de emisiones de CO2 y consumo de energía no renovable, además de los costes producidos por la congestión de tráfico que, desde luego, están garantizados si se mantiene la localización propuesta en Rabassa o alrededores. Naturalmente estos costes no se incluyen en las cuentas de la empresa sino que deben de ser asumidos por el sector público. Como es sabido, entre las condiciones que la empresa sueca impone para instalarse en Paterna se encuentra la exigencia de que los accesos a la implantación comercial corran a cargo del Ayuntamiento.

Una operación de esta clase puede generar también costes externos sobre los tejidos comerciales de áreas de la ciudad consolidada, aunque son más difíciles de evaluar, porque hay zonas más sensibles que otras a estos efectos, así como sectores comerciales concretos que pueden sufrir un mayor impacto por su especialización. Por cierto, si finalmente Ikea se sitúa como se ha propuesto en Rabassa, afectará a la estructura comercial de proximidad a la vivienda, ya de por sí bastante débil en este plan parcial, lo que puede acarrear perdida de diversidad y animación en la escena urbana, y todavía más demanda de viajes en coche.

Qué hacer

Dentro de los límites de este artículo, se pueden esbozar cuatro líneas de acción preferente que, en cualquier caso, deberían de estar vinculadas en una línea permanente de política urbana: la relativa a la localización de actividades comerciales de esta clase; una intervención y gestión más innovadora en los tejidos urbanos soporte del comercio en el centro y barrios; asignar al planeamiento urbano unos contenidos y propuestas más elaborados en lo que concierne a las estructuras comerciales de la ciudad, y finalmente, articular programas de información y participación que garanticen la transparencia de las decisiones.

Con relación a la localización más idónea de una implantación comercial de la magnitud y carácter de la de Ikea, comparto la opinión del ingeniero de caminos Armando Ortuño expuesta en esta mismas páginas donde sostiene la necesidad de un enfoque territorial más amplio que el del término municipal para tomar la decisión de localización de un centro comercial con un área de influencia regional ( Información, 1 de noviembre del 2009). Desde una lógica de ordenación del territorio fundada en la sostenibilidad ambiental, la localización de una actividad de esta clase debería de estar justificada por la necesidad de reducir el número de viajes y la longitud de los mismos. El emplazamiento de Ikea en Rabassa no responde, que se sepa, a ningún análisis ni reflexión territorial de algún rigor realizado desde instancias públicas, sino a la confluencia de intereses empresariales de los agentes económicos implicados en la operación.

El declive de los centros urbanos que se ha producido en el último cuarto del siglo pasado y comienzos del actual, es un síntoma de los cambios en los modos y hábitos de trabajo, de hábitat, de compra, de movilidad, de ocio, etc., todo ello ligado a cambios espaciales definidos, entre otros, por la aparición de nuevas centralidades, entre las que destacan las comerciales, con las que las actividades de los espacios centrales han sido incapaces de competir. A la rapidez de estas transformaciones estructurales y territoriales, se ha unido la inercia e ineficacia de la acción pública. De modo que ese declive no tiene tanto que ver con un problema de crisis comercial como de la ausencia de una estrategia de ciudad de bastante más calado que el que se puede encontrar tras el slogan de "Alicante, guapa, guapa y guapa". Parece ser que el Ayuntamiento ha encargado a la Cámara de Comercio un estudio sobre el impacto de Ikea. Es una iniciativa interesante pero incompleta, porque, según nuestras noticias, sus objetivos se dirigirán hacia el comercio y el tráfico, variables relevantes, pero no las únicas que hay que analizar si se pretende que estos estudios puedan constituir una base sólida de diagnóstico sobre la que proponer una política integral de ciudad.

No hay ninguna fórmula mágica para resolver los problemas de pérdidas de vitalidad urbana construyendo una ciudad más equilibrada. Ya se han inventado, y se están aplicando desde hace tiempo, modalidades de intervención y gestión fundadas en la colaboración pública-privada para intervenir en áreas en declive social, económico y urbanístico. Son modelos de los que se podría sacar alguna enseñanza pero cuidando mucho aspectos que han provocado conflictos, como los derivados del peso excesivo del comercio y terciario sobre los residentes; por la aparición de procesos de "gentrificación" debido a la sustitución de la población de los centros por otra de mayor status económico; porque sus objetivos se dirigen más a la venta de la ciudad como un producto que hacia el bienestar de los ciudadanos, todo ello resultado, en general, del escaso control público de los proyectos.

Finalmente, en relación al papel que debería tener el planeamiento urbano en el desarrollo de una estructura equilibrada del comercio urbano en la ciudad habría que ir mucho más allá de unos contenidos que se suelen limitar a la fijación o aplicación de standards a los que se unen unas normativas de edificación, sin ningún análisis o diagnóstico previo, como ocurre con el Plan General de Alicante o con el Plan Especial del Centro Tradicional. Por el contrario, uno de los objetivos del planeamiento debería de consistir en proponer una estructura comercial constituida por una red densa y jerarquizada de establecimientos, según sus diferentes formatos y modalidades de accesibilidad, tamaños, formas, especializaciones, y lógicas de compra (cotidiana u ocasional), de ese modo se estaría en mejores condiciones de evaluar los posibles impactos de nuevas formas de distribución.

Conclusión.

Ikea y el plan Rabassa no sólo coinciden espacialmente, ambas son dos operaciones que se explican por las nuevas relaciones de poder que se dan en la ciudad y el territorio y que llamamos "urbanismo del promotor", un modelo que se rige, entre otros, por la hegemonía de la iniciativa privada en las decisiones sobre determinadas intervenciones en el territorio en las que el sector público tiene un papel puramente instrumental; por un planeamiento desregulado, en la medida que las decisiones sobre el emplazamiento de Ikea se han hecho al margen del planeamiento general; por la introducción, en la práctica, de elementos monopolistas en las estructuras comerciales de la ciudad, en fin, un "urbanismo del promotor" que además de vivienda, muebles u otros productos nos vende un imaginario de ciudad ideal, desde un nuevo modo de vida a un nuevo paisaje.