Se ha aprobado recientemente la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que se ha venido a denominar como "Ley ómnibus" por esa moda que hay ahora de ponerle nombres a las leyes. Y es que, quizás, como en la actualidad se apuesta más por alterar el lenguaje y llamar a las cosas por otro nombre en lugar de hacerlo por aquél que les pertenece se sustituye ya el nombre propio hasta de las leyes, y en lugar de hablar de la Ley 17/2009 se hace de "la Ley ómnibus". Pero lo curioso es el nombre que se ha utilizado, porque esta expresión tiene su etimología del latín y significa "para todos", cuando en realidad muchos colectivos profesionales podrían entender que se ha llevado a efecto frente a ellos en lugar de para ellos.

Hace pocos días ya escribía en estas mismas páginas Isidro Echániz sobre esta cuestión -bien como siempre- y lo hacía para poner el grito en el cielo en un tema que posiblemente a quien no afecte directamente en este instante no le dará importancia, pero que sí que la tiene, por la sencilla razón de que todos somos receptores de los distintos servicios que llevan a cabo muchos colectivos afectados por la norma. Y lo cierto y verdad es que, aunque venga inspirada en normativa europea, una total liberalización de actividades no supone, ni mucho menos, una mejora en la calidad del servicio que se presta. Y no lo hace, porque la ausencia de control que conlleva la inexigibilidad de inscribirse ahora en un colegio profesional para ejercer una actividad profesional, cuando se consigue una licenciatura o se accede a los requisitos exigidos en cada profesión, conlleva la existencia de un "totum revoluntum". Lo llamamos así porque ya que se puso el apodo latino de "ómnibus" a la norma antes citada se está también utilizando esta expresión, más práctica y gráfica, y que se utiliza cuando queremos dar sensación de que hay desorden en algún sitio, que está todo formando un caos.

Los colegios profesionales han estado clamando contra esta normativa. Pero no, como se ha dicho por los que apoyaban esta filosofía, por intereses corporativos o profesionales, sino porque la realidad nos demuestra que no es posible ceder un cheque en blanco a cualquier persona para que se dedique a la actividad de prestación de servicios sin que por el ejercicio de la misma pueda estar sometido a un control, ya ético, ya disciplinario. La absoluta liberalización de actividades, con las excepciones que se han recogido en la norma citada, determinará que la fiscalización que un colegio profesional puede llevar a cabo a quien es denunciado por un particular por haber llevado a cabo un servicio profesional de forma poco ética o con absoluta negligencia no pueda verificarse. Es evidente, con ello, que las "ovejas negras" que siempre existen en todas las profesiones no quieran verse sometidos por estos controles de calidad en la prestación de servicios que siempre tienen los colegios profesionales. Y, precisamente, son estas "ovejas negras" las que desprestigian el buen hacer de otros profesionales que se esfuerzan por atender correctamente a sus clientes, que podemos ser todos -usted también, estimado lector- en cualquier momento. ¿A quién podremos ahora reclamar un servicio mal prestado cuando el "profesional" que hemos elegido no está colegiado? Es lógico pensar que a la larga los ciudadanos van a exigir la respuesta de calidad que da quien está colegiado en un colegio profesional, pero este conocimiento no está siempre a disposición de los interesados. Por ello, el presupuesto que hasta ahora existía de la necesidad de incorporarse un profesional a un colectivo habilitado para el ejercicio de una determinada actividad da paso ahora a una absoluta liberalización de las actividades no excluidas por la norma, con lo que desaparece el control profesional para aquellos que tengan una determinada cualificación concedida por una licenciatura, pero sin que esta quede amparada por unos requisitos de calidad mínimos que hasta ahora se exigían. Desde luego, si se quería mejorar la calidad de los servicios profesionales con una norma no ha sido la forma más acertada. Ya decía George Bernard Shaw que el éxito encubre mil desaciertos. Y muchos juristas entienden que la liberalización total de servicios sin control y el desapoderamiento a los colegios profesionales de la actividad fiscalizadora para el mal servicio que puede prestarse por algunos profesionales supone un desacierto que nunca llevará al éxito de mejorar la calidad de la prestación de los servicios profesionales. Vamos, de los que solicitamos todos los ciudadanos de muchas profesiones todos los días.