Para Bolonia por responsabilidad

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO Estamos en plena crisis económica. Los recursos para educación escasean y son insuficientes. La Universidad se encuentra en un estado precario. La investigación ha recibido un auténtico mazazo al reducirse la inversión de manera considerable. Pero, todo ello no es obstáculo para que el Ministerio de Educación se empeñe en seguir adelante con el plan conocido como Bolonia, una reforma que, tomada en serio, precisaría de una inversión suficiente si de cambiar el modelo docente se trata. Con ello, además de revelarse que nuestros actuales gobernantes no viven en el mundo real y todo lo fían a sus deseos y aspiraciones, se acredita que no tienen en verdad voluntad de que el cambio ideado prospere, no pasando de ser, para algunos, un conjunto de buenas intenciones y para otros, una mezcla de criterios genéricos con pocas esperanzas de hacerse efectivas. Sin inversión no es posible una reforma tan importante como la planteada y, de empezar a andar en estas condiciones, el fracaso está garantizado.
Ningún gobernante responsable puede permanecer en sus proyectos aislándolos de la realidad en la que deben operar y la actual impone salvar los muebles y no sufrir más penurias que las que ya se padecen. Deben saber los ciudadanos que las universidades, al menos las valencianas, están pasando por malos momentos, por dificultades para hacer frente a los pagos ordinarios y corrientes y que, por tanto, no tienen disponibilidad alguna para afrontar cambios en su estructura docente hasta tanto la situación económica mejore. Bolonia, si se quiere hacer efectiva, exige reducir el número de alumnos por clase y adaptar las propias instalaciones a esos grupos reducidos. En Derecho -lo que conozco-, los grupos en los primeros cursos superan los noventa alumnos, cantidad que hace imposible cualquier sistema que no sea el examen final, salvo que no se haga correctamente y se convierta la nueva docencia en un simple trámite para aprobar sin acreditar los conocimientos, lo que no me parece que esté muy alejado de los criterios políticos que rigen las inversiones públicas en la Universidad, que buscan a todo trance el mayor número de aprobados, aunque no se acrediten los conocimientos, por razones estrictamente económicas y para alcanzar la llamada "excelencia". En mi asignatura, después de varios años practicando la llamada "evaluación continua" hemos tenido que regresar al sistema tradicional, ya que el número de alumnos impedía realmente esa evaluación personalizada, ese seguimiento efectivo sobre el trabajo de cada uno. Al final, sólo un porcentaje muy reducido de los alumnos colaboraba efectivamente en el progreso del modelo y aprendía, que es de lo que se trata, no de cumplir trámites, pero una gran mayoría deambulaba con mínimo esfuerzo y sin control individual posible por parte del profesorado sobre su rendimiento. Y no es culpa del alumno, ni del profesorado. Lo es de la falta de condiciones objetivas para desarrollar un sistema docente que exige otros presupuestos materiales y personales.
El Ministerio de Educación debería plantearse, con serenidad y responsabilidad, sus obligaciones, que no son dictar resoluciones en el BOE y considerar el problema ya resuelto. Las leyes no son nada si no se aplican. Es tan grave la educación y está tan necesitada de atención, que toda reforma debe ser analizada con la moderación que impone el trato debido a los alumnos, no el desprecio a la realidad. El Ministerio de Educación, por su trascendencia, no puede actuar en su parcela como en general hace el Gobierno de este país que se ha caracterizado por dictar leyes sin operatividad práctica, con trascendencia muy limitada por falta de recursos y que muchas veces sólo han servido para generar frustración en los beneficiarios; un ejemplo de ello es la ley de dependencia, excelente norma, pero de imposible aplicación por no contar con medios para hacerla efectiva. Un gobierno efectista, pero no efectivo.

No se ha meditado suficientemente sobre las consecuencias de seguir adelante con un proyecto cuyo fracaso es una crónica anunciada y que quedará reducido a unas carreras más cortas, pero con una docencia similar y unas maestrías financiadas por los ciudadanos, caras y sólo accesibles a los más pudientes. Este gobierno, que se ufana de su sensibilidad social, está privatizando la Universidad por la vía de buscar recursos en los niveles más altos de las carreras. Porque, en el momento actual es imposible que dichas maestrías se paguen con precios públicos. Y eso lo saben y lo sabemos todos.
Párese Bolonia y esperemos a contar con los medios suficientes para emprender un proyecto que puede ser positivo si se acomete con serenidad y seriedad, con tiempo y mesura. Con las herramientas que ahora tenemos y sin fondos, Bolonia será otro fiasco más en los planes de un gobierno -si los tiene-, que parece moverse en una continua improvisación y que confunde deseos con realidades. Por eso muchos, de los mejores, se han ido, porque no es fácil apoyar fracasos anunciados sin merma de la propia autoestima.