En su furibunda histeria culpable, fantasearon con tapar sus vergüenzas judiciales con una campaña de calumnias ampliadas por ese NO-DO particular que es Canal 9 y la no escasa irresponsabilidad profesional de sus columnistas voceros. Hoy, como sucederá mañana, la realidad se impone. La justicia archiva una calumnia del PP y Camps sigue siendo un presunto delincuente, por cierto, como lo será también mañana.
Llega el momento de que algunos reflexionen sobre la doble moral con la que opinaron o practicaron la maledicencia y el escaso favor realizado a la credibilidad de la democracia y a la de los medios que deberían informarla. Hoy toca preguntarse si fue acertado, o no, obviar las abismales diferencias que separaban un proceso iniciado por una concejala "titereada" desde el Palau de la Generalitat (la de la foto con "El Bigotes", la que no quiere mostrar sus bienes) por un titiritero imputado y el proceso abierto contra Camps, Costa, Campos y Betoret a instancias de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, la policía judicial española y el TSJCV.
Por una parte, cabe preguntarse cuándo se puede exigir la dimisión de un militante de un partido político si se ve inmerso en un proceso judicial. Es justo admitir que resulta difícil determinar ese punto. Por otra parte, es, sin duda, necesario evitar que los tribunales acaben convirtiéndose en una arma arrojadiza con la que atacar impunemente la honorabilidad del adversario o directamente con la que removerlo de su legitima posición institucional. Con todo, un somero análisis de los casos que con tanta profusión y mala fe han sido continuamente comparados hubiera bastado para certificar las enormes diferencias que los separaban. Soler pudo cometer un error. De acuerdo. Pero Camps es amigo íntimo de uno de los cabecillas de una trama dedicada a evadir sumas millonarias provenientes de las arcas públicas a paraísos fiscales y eso, ni siquiera, está en tela de juicio.
Hoy cae la cortina de humo que les proporcionó la vergonzosa hoguera en la que quisieron quemar a Alejandro Soler. Ni siquiera les dio para tapar el primer minuto del ratito largo que espera, según su propio vaticinio, al imputado Camps. Y con el final de la farsa se impone repensar cómo habrán de abordar los medios la próxima calumnia. No estoy pidiendo impunidad. Nada más lejos de mi intención. Ni la estricta observancia de ningún código deontológico. Me conformaría con la vigencia del puro sentido común. Poner en el mismo saco, o titular, las teledirigidas denuncias de los concejales del PP de Alaquàs, Alfafar, Elx o Morella que las peticiones de cárcel de los fiscales para Fabra, Aparici o Cartagena no parece ni sensato ni decente.
El PP insistirá en su estrategia, ya les aviso. No conocen otra. No tienen otra. En su delirio totalitario de ejercer el control absoluto de lo que la ciudadanía ha de conocer, continuarán buceando por el cenagal político a la búsqueda de una nueva calumnia, verosímil o no, con la que salpicar a Alarte. Para la próxima, sólo una suplica: sentido común. Con eso será suficiente.
