MARC LLORENTE
La Constitución Española de 1978 está inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos establecidos por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La primera acaba de cumplir 30 años y la segunda ha cumplido los 60. En teoría todos los individuos al nacer tienen derechos y libertades básicas, iguales e inalienables. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor o un poco más allá para darnos cuenta de que la realidad suele ser muy distinta. La ONU tiene el compromiso de apoyar, fomentar y proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. La partitura está muy bien, pero la orquesta desafina a menudo, lo que pone de relieve el sonoro fracaso de esta organización internacional y, en notable medida, de los 192 países miembros. Es decir, la paz, la seguridad mundial, los asuntos humanitarios y el desarrollo económico y social no han conseguido situarse, a pesar del transcurrir del tiempo, a toda la altura necesaria y en condiciones de igualdad. El fomento y la defensa de los derechos no pueden reducirse al ámbito de las grandes proclamas, sino que deben constituir el progreso real de los pueblos de la Tierra en beneficio de la tolerancia y la justicia. Unos principios que forman parte de nuestra Carta Magna, cuyo trigésimo aniversario pone en evidencia, más ahora en época de crisis, que estos ideales no están lo suficientemente implantados mediante normas progresivas y un régimen de derecho que eleve el nivel de vida dentro de un amplio sentido de la libertad. Estas circunstancias negativas las celebran algunos en perjuicio de otros muchos. Establecer una sociedad democrática avanzada y garantizar un orden económico y social justo implican necesariamente el cumplimiento del derecho a un trabajo digno y bien remunerado, a una asistencia sanitaria pública, rápida y eficaz. O a disfrutar de un medio ambiente idóneo y de una vivienda adecuada. Los poderes públicos tienen que regular la utilización del suelo, promover el interés general e impedir la especulación. ¿Cuántas veces se ha hecho o se continúa haciendo lo contrario? La equitativa función redistribuidora del Estado de Derecho es imprescindible para fortalecer la convivencia y el pluralismo.
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