JAVIER PRATS
Si algo tiene de positivo este país son las innumerables leyes, ordenanzas o diferentes preceptos que aprueban las administraciones para hacernos la vida "mejor" a los ciudadanos. Sin embargo, lo negativo es que estas normas se incumplen con demasiada frecuencia, bien porque la Administración no destina los suficientes recursos para su aplicación o por la inoperancia de los gestores que gobiernan. Hace tres años el Ayuntamiento de Orihuela aprobó que los parques y jardines se dejasen de regar con agua potable -sí, parece increíble que esto pase en la Vega Baja- pero de momento, incluso con la sequía pertinaz que sufre la zona desde hace años, no se ha hecho nada. Ahora, después de lo que no ha llovido, parece ser que hay un proyecto de la empresa que gestiona el servicio para poder aplicar lo aprobado antaño. No es de extrañar que con estas actuaciones se desautoricen las peticiones de conceder más agua a esta sedienta comarca. ¿Cómo se pueden pedir el trasvase del Ebro o más agua de la cabecera del Tajo si los ayuntamientos no hacen cumplir a rajatabla las normas que han aprobado para aprovechar mejor los recursos hídricos? Pero no sólo pasa con el agua. La normativa contra los ruidos de establecimientos y vehículos -en esta provincia los decibelios están muy por encima de lo humanamente soportable- se vulnera con excesiva permisibilidad. Y qué me dicen de los botellones. En teoría están prohibidos, pero se realizan de forma sistemática y si te ha tocado uno debajo de tu casa, pues ya sabe...