Aunque parezca un anacronismo del siglo XVIII, los piratas son una suerte de delincuencia organizada que han reaparecido en nuestro tiempo para realizar actos de corsario con petición de rescate. No es un fenómeno de terrorismo organizado porque no pretenden tener coartada política. Son delincuentes comunes y como tales deben ser tratados.
Lo razonable, como en el caso de un asalto urbano con rehenes, es mirar por la seguridad de los secuestrados en primer término, incluso satisfaciendo las demandas económicas de los filibusteros para a continuación perseguirlos hasta el centro de la tierra cuando los secuestrados estén seguros. Son bandidos armados y peligrosos y como tales deben ser tratados.
Hay poco más que decir salvo que para el futuro habrá que tomar medidas militares de protección de nuestra flota pesquera y medidas internacionales y diplomáticas para garantizar la desaparición de esta delincuencia del mar en este mundo globalizado.
No puede haber controversia política entre los partidos y el Gobierno en este asunto porque es una tema de seguridad nacional. El Gobierno tiene la obligación de dirigir las operaciones con los órdenes de prioridades expuestos y la oposición tiene la responsabilidad de respaldar al Gobierno guardándose el derecho de exigir responsabilidades si los objetivos enunciados y perseguidos no llegan a cumplirse.
Este caso de piratería es una prueba de fuego para Mariano Rajoy que debe demostrar que las prácticas de oposición de la anterior legislatura han quedado proscritas y que reconoce el derecho, la legitimidad y la obligación del Gobierno de dirigir los asuntos de terrorismo y seguridad y que a la posición le queda el derecho de ejercer la crítica si los resultados no son satisfactorios.
