ifícil le ha puesto las cosas el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la ministra de Agricultura, Elena Espinosa -flamante nueva responsable de la política hídrica del Gobierno-, para explicar en Alicante las razones por las que el Ejecutivo volverá a dejar a la provincia sin el agua del Ebro, pero sí que recuperará para Cataluña el trasvase diseñado por el PP en 2001. Un proyecto que ya tuvo, incluso, precedentes en la España republicana de 1933 -plan de obras hidráulicas de Lorenzo Pardo- y, tiene bemoles la cosa, a finales de los cincuenta, cuando en plena España franquista se aprobó el Plan General de Aprovechamiento de las aguas del Bajo Ebro, que pretendía derivar caudales del río para crear 60.000 hectáreas de regadío a la Comunidad Valenciana y la construcción de un canal Ebro-Pirineo Oriental. Y para cerrar el repaso histórico, más grave resulta contemplar, todavía, como desde 1972 está sin servicio un canal de unos treinta kilómetros que comenzó a construirse entre Tarragona y Castellón (Xerta-Calig); para traer agua del Ebro, aquel trasvase que propuso no hace tanto tiempo el PSPV, el mismo partido, que hoy guarda silencio e intenta explicar lo inexplicable: que la construcción de una tubería de 70 kilómetros paralela a la autopista AP-7 para llevar agua de Tarragona a Barcelona no es un trasvase.
Difícil le ha puesto las cosas Rodríguez Zapatero a Espinosa a las pocas horas, además, del espectacular gesto del propio presidente al relevar a Cristina Narbona, la ministra que se había cargado la posibilidad de que la provincia recibiera las aguas del Ebro, y que coronó después su legislatura modificando el proyecto del Júcar-Vinalopó, desoyendo a los usuarios, criticando el modelo turístico de la Costa Blanca, poniéndose al frente de la campaña de los eurodiputados contra la legislación urbanística -algo inaudito en un ministro de España- o, la guinda, volviendo a criticar el urbanismo desde China cuando media provincia estaba bajo las aguas tras las riadas el pasado octubre.
La defenestración de Narbona se ha interpretado como un paso de gigante para meterse a los regantes alicantinos en el bolsillo y recuperar así un diálogo perdido hace dos años por la actitud talibán de Narbona que, prácticamente, dejó la política hídrica en manos de los colectivos antitrasvasistas y los intereses políticos de unos pocos, pero que puede quedarse ahora en nada con decisiones, lícitas e incluso sensatas, como la de llevar más agua del Ebro a Cataluña y mantener el grifo cerrado para Alicante.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, SalvadorFuentes Zorita, aseguró el domingo en estas mismas páginas que en España no se pueden realizar trasvases sin el consenso social de todas las partes. Vamos, en otras palabras, apeló, aunque sin citarlo o quererlo, a la búsqueda de un pacto de Estado para repartir el agua. A la misma hora de publicarse sus impresiones, el presidente de la Generalitat catalana, el socialista Montilla, celebraba el principio de acuerdo para recibir agua del Ebro -la vicepresidenta De la Vega no ha dicho todavía esta boca es mía ante los anuncios- e incluso se habla ya de que Aguas de Barcelona ha comprado los materiales para hacer la tubería, una parte del trasvase que también se derogó en 2004. Quién lo entiende. ¿Y la Comunidad Valenciana?
Los puristas del PSPV aseguran que el trasvase no es tal y será temporal hasta que se haga la gran desaladora de Cataluña. Lo que se les olvida apuntar es que una vez hecha la tubería ya no habrá problemas para que los agricultores puedan intercambiar recursos hídricos -como sucede actualmente entre los regantes del Tajo y el Segura- y, en definitiva, quedará asegurada de por vida la conexión -la octava o novena- del Ebro con la que acertadamente Ángel Urbina, portavoz de la Federación Provincial de Comunidades de Regantes, denomina la España húmeda, porque el Ebro no sólo da de beber desde hace años a toda Tarragona, sino que, curiosamente, ciudades nada sospechosas de parecerse a Almería como Bilbao o Santander tienen asegurado su abastecimiento gracias al río más caudaloso de España. ¿Por qué no puede tener la misma tubería la Comunidad Valenciana? ¿Tan difícil es sentarse y hablar una vez que Zapatero se ha quitado de encima a Narbona y a ERC?
Ayer, no sólo comenzó una nueva legislatura con el primer consejo de ministros, ayer debió haber comenzado una nueva etapa para un Rodríguez Zapatero que, como presume, quiere ser el presidente de todos los españoles, por lo que no puede dejar de lado los problemas hídricos de Alicante y por extensión Murcia, donde el problema de la falta de agua se alivia con las desaladoras, pero no se soluciona definitivamente, como acaba de recordar el Comité de Regiones de la UE, cuyas decisiones no son vinculantes, pero con 16 años de existencia en la Comisión.
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, invirtió 133 millones de euros en Alicante para modernizar 26.000 hectáreas de regadíos durante la anterior legislatura. Un aval importante que decisiones como las de trasvasar agua a Barcelona -algo lógico y sin ninguna oposición en Alicante- puede dejarla al pie de los caballos de los agricultores y la oposición. Ayer, Joan Lerma y Ángel Luna trataron de jugar al despiste, hablaron de no comparar los huevos y las nueces, de lo divino y lo humano, para intentar esconder una realidad que no se puede ocultar. Barcelona tendrá su trasvase del Ebro y Alicante, de no cambiar, tendrá que seguir esperando.
Qué hemos hecho.
