En un momento como el presente, en el que los medios de comunicación se hacen eco frecuentemente de noticias sobre situaciones en la Administración de Justicia que revelan fallos de enorme trascendencia, pero de muy diverso y complejo origen, no parece que el SUP (Sindicato Unificado de la Policía); y destacadamente su secretario general, hayan estado, aunque sea puntualmente, a la altura de las circunstancias, pues, no se olvide, la Policía Judicial es parte, copartícipe y muchas veces protagonista de la investigación criminal y, como todos los que en ella intervienen, con sus aciertos destacables y sus errores, muchos de los cuales se silencian por responsabilidad y por ser consustanciales a la condición humana.
Los hechos son conocidos. La Audiencia Nacional condenó al presunto GRAPO Ponce por el asesinato del policía Javier Sanz Morales, a pesar de que una testigo principal y protegida no compareció al juicio oral pues no pudo ser localizada. El Tribunal Supremo consideró que no era posible esa condena sin la declaración en el juicio de quien efectuó el reconocimiento fotográfico del acusado y censuró, de forma expresa, que una testigo protegida no pudiera ser habida ya que, difícilmente, puede protegerse aquello que se desconoce. De la misma forma, el Tribunal Supremo, no el ministro de Justicia, imputó a la policía falta de diligencia a la hora de localizarla.
Preguntado Fernández Bermejo sobre la decisión del Tribunal Supremo contestó avalando su resolución, es decir, mostrando su acatamiento -como no podía hacerlo de otra manera dado su carácter de miembro del Poder Ejecutivo-, a la decisión del máximo órgano del Poder Judicial. Pues bien, el secretario general del SUP, ante esta escrupulosa y respetuosa respuesta con un Poder del Estado independiente, no dudó en dedicar al ministro calificativos como "indecente", "despreciable", "líder de los pijorrojos" o "defensor de los terroristas", así como algunas otras lindezas cuya repetición causa rubor y asombro. Tamañas barbaridades que manifiestan falta de serenidad en el juicio, ausencia de respeto a la división de poderes y a la función de la propia policía judicial, subordinada al Poder Judicial, sólo merece el reproche más absoluto. Si el mencionado secretario general del SUP hubiera meditado sus improperios antes de proferirlos y poner a la misma policía en un lugar que no se merece, se habría dado cuenta de que el ministro no ha intervenido, no ha tenido arte ni parte en la absolución del presunto GRAPO; esa sentencia absolutoria es del Tribunal Supremo. Por tanto, el SUP, de modo poco indisimulado, a quien ha calificado de verdad de "defensor de terroristas" es al Tribunal Supremo. No hay que ser muy inteligente para llegar a esta conclusión. Y este comportamiento no es tolerable y mucho menos proviniendo de la policía, aunque sólo sea porque no contribuye a la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Pero es más, no conformándose con una crítica velada al máximo órgano del Poder Judicial y con el desprecio y la vejación al ministro de Justicia, ha solicitado al fiscal general del Estado que interponga un recurso de revisión frente a aquella absolución, cuando cualquier estudiante de Derecho sabe que este recurso no se permite en España frente a resoluciones cuya divergencia reside en meras contradicciones sobre valoración de las pruebas, como es el caso. Y, el SUP también lo sabe, sabe de su inviabilidad, por lo que involucrar en el asunto a la Fiscalía no es un acto inicuo, ni siquiera justificable en términos meramente periodísticos.
La función de la policía es esencial en el proceso penal, que está urgentemente necesitado de una reforma profunda que evite sentencias como la en este supuesto pronunciada, pues es tal la ambigüedad de la jurisprudencia y tan grande el silencio de la ley, que todo juicio se resuelve en un juego de ruleta, pues, ante los mismos medios, se puede llegar a soluciones diversas y contradictorias. Y aquí la policía tiene mucho que decir y aportar. Y a este respecto es esencial respetar a todos los que, de una forma u otra, intervienen en el proceso penal, pues ninguno es responsable de una legislación anticuada e insuficiente y hacen en cada caso lo que, con apoyo en las normas existentes, consideran adecuado.
Tiene razón la policía en mostrar su desencanto, incluso en denunciar su desprotección o la inseguridad por los resultados de su trabajo, pero no puede, imitando al Consejo General del Poder Judicial, olvidar su posición, ignorar el papel que ocupa en la investigación criminal, su carácter imprescindible, esencial a mi juicio incluso en los primeros momentos del delito superior al de jueces y fiscales, aunque la ley no lo reconozca y hacer política o fabricar noticias periodísticas y menos colaborar en una campaña, como la que se ha desarrollado en España, contra un ministro que ha acreditado, como profesional, independencia, coherencia y compromiso en la lucha contra la corrupción, lo que está en la base de las críticas que recibe de la derecha madrileña. Y esto último debe conocerlo quien a él ha dedicado frases hirientes e inadecuadas.
Bueno sería que el secretario general del SUP ofreciera una explicación y reflexionara sobre una actuación que, a mi juicio, ha afectado a la imagen de la policía, cuyo comportamiento ejemplar resulta incompatible con actos tan impropios y cuyo concurso en el futuro proceso penal es imprescindible.
José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
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