E l 94% de las personas que abandonan su trabajo por razones estrictamente familiares son mujeres. El paro femenino es más del doble que entre los hombres. Como media, el salario de las mujeres es un 29% inferior al de los hombres que desarrollan el mismo trabajo o funciones. La presencia de las mujeres en los consejos de administración de las grandes corporaciones empresariales no llega a al 3%. Las mujeres dedican, como mínimo, más del doble del tiempo que los hombres a los trabajos domésticos. Todos estos datos quedan reflejados en estadísticas oficiales y prestigiosos estudios sociológicos y no se refieren precisamente a sociedades o países en vías de desarrollo o del Tercer Mundo. Corresponden a España, a la España de hoy en día. Junto a estos datos cabría añadir otro adicional: más de la mitad del alumnado universitario en España son mujeres. El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó, con el único voto discordante, la abstención, del Partido Popular, la ley de Igualdad, un proyecto del Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero que responde al programa electoral del PSOE con el que concurrió a los comicios generales de 2004. Es una ley que, al igual que la de Dependencia, tiene una gran trascendencia para la conformación de una sociedad verdaderamente moderna y equilibrada entre todos sus integrantes, hombres y mujeres.

Sus repercusiones, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con las medidas de tipo económico, no serán inmediatas. Evidentemente que esta ley es de aplicación nada más se publique en el Boletín Oficial del Estado, pero su verdadera dimensión y todo lo que conlleva supone el paso de un tiempo; en cualquier caso, se trata de una de esas legislaciones que marcarán época, sin duda, al igual que la referida sobre la dependencia. Se ha dicho que son leyes que de por sí ya justifican una legislatura. Es probable, pero los revulsivos sociales que provocará tardarán todavía un tiempo en dejar su impronta, aunque es probable que menos de lo que en un principio pueda imaginarse. Sin embargo, pese a su trascendencia e importancia social, especialmente para las mujeres, la ciudadanía no ha tomado conciencia de la dimensión social que conlleva. Es lógico que esto se produzca así, sobre todo porque no se ha generado una gran polémica o crispación en torno a ella como sucede con otras cuestiones que, cabalmente, no resistirían la más mínima comparación a poco que se analicen bajo el prisma del sentido común. Pero, en fin, así están las cosas en este país. Del resultado de los debates en torno a esta ley -no es el único caso en materias sociales- sorprende la actitud adoptada por el PP y sobre todo la de su líder, Mariano Rajoy , quien de forma consciente no estuvo presente en la votación en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Sin necesidad de caer en el comentario demagogo, no deja de sorprender el énfasis de Rajoy y de sus «halcones» ponen en determinados asuntos, verbigracia la dinámica de manifestaciones, y la escasa atención que prestan al debate sobre aspectos que afectan directísimamente a aspectos básicos de la ciudadanía.

Esta ley no puede tildarse de discriminatoria a favor de las mujeres, pese a que son protagonistas principales de la iniciativa legislativa. Sin ir más lejos, con su entrada en vigor los padres podrán disponer de 15 días de paternidad propios para atender las necesidades que surgen del nacimiento de un hijo. Es solo uno de los «pequeños» detalles que incidirán significativamente en los comportamientos sociales, tanto en el entorno familiar como en el laboral. Es una ley que está llamada a introducir un revulsivo respecto a comportamientos e inercias establecidos en la sociedad actual pese a las grandes transformaciones que ha experimentado y que experimenta día a día. Además, es una de las leyes más comprometidas con el principio de igualdad entre hombres y mujeres que existen en el mundo, lo cual ha de ser motivo de satisfacción porque se convierte, al igual que otras leyes del Gobierno de ZP, en un referente para el resto de sociedades, algunas no muy alejadas de la española. Como suele ocurrir, su efectividad dependerá, en buena medida, de los medios que se pongan para su aplicación; pero, ojo, en este cometido no sólo han de comprometerse las administraciones públicas porque también es tarea de colectivos sociales como las empresas y los sindicatos. También de cada uno de los individuos de la sociedad. Una tarea más sensata y beneficiosa para todos que aquella otra de convertirse en especialista en códigos penales y regímenes penitenciarios.