Una nueva crisis institucional

Que un tribunal como el Constitucional, que hasta ahora había permanecido en la neutralidad más exquisita, decida en bloques homogéneos y enfrentados y que se pueda anticipar el contenido de sus decisiones futuras a la vista de la posición ideológica de sus integrantes, evidencia su desnaturalización y pone en duda su imparcialidad en situaciones en que es más necesaria que nunca. Grave, muy grave es el rejón que una derecha radicalizada ha clavado a tal alta institución y preocupante la actitud de algunos de sus miembros que han culminado en negativo brillantes carreras que no merecían este final.

La recusación planteada carece absolutamente de fundamento y abre las puertas a un futuro incierto no sólo a los profesores universitarios, sino también a muchos magistrados que imparten conferencias y publican trabajos remunerados. La causa invocada: «ejercer profesión con ocasión de la cual haya participado directa o indirectamente en el asunto» sólo permite una resolución como la dictada, que contradice plenamente la anterior doctrina del TC en otros y en este mismo asunto (prohibición del ne bis in idem);, si se interpreta de forma extensiva, lo que no es dable hacer en esta materia. Por eso, en un primer momento tres magistrados que ahora han cambiado inexplicablemente su voto entendieron que un informe o dictamen jurídico emitido por un profesor universitario no puede incluirse en dicho precepto, pues tiene un mero valor académico, se emite desde la imparcialidad, con ocasión de los conocimientos jurídicos que se poseen y su función no es otra que trasladar a quien lo solicita un análisis del estado jurídico de la cuestión sobre el que recae. Un trabajo realizado por un catedrático universitario no entraña una relación profesional, no implica una vinculación con el peticionario, al que ni se defiende, ni se representa. Constituye una mera opinión jurídica sobre los puntos que el solicitante, lógicamente, establece, pero absolutamente imparcial. De ahí que muchos de estos dictámenes pasen luego a publicarse como «estudios» en revistas especializadas, dado su valor científico. Esto lo sabe, muy especialmente, el magistrado Guillermo Jiménez, catedrático de Derecho Mercantil, cuyo posicionamiento final es el más preocupante de todos, por el exacto conocimiento que tiene de lo dicho. Su decisión pone en riesgo la participación futura en el TC de los catedráticos universitarios, salvo que sean ágrafos, lo que, tal vez, pretenda el PP que busca la absoluta judicialización del TC.

El trabajo de Pérez Tremps en caso alguno puede justificar una recusación, máxime cuando el TC ha rechazado que pudiera serlo un Magistrado que, en su anterior condición de diputado -De los Mozos-, había votado leyes sobre las que luego tuvo que decidir su ajuste constitucional. Pero, es más, el dictamen del recusado se emitió cuando no se habían iniciado los trabajos parlamentarios dirigidos a la elaboración del Estatuto catalán y, a mayor abundamiento, el encargo lo efectuó un gobierno, el de Jordi Pujol, distinto al que promovió la reforma estatutaria.

La mayoría conservadora (qué lástima hablar en estos términos del TC); ha dado un salto en el vacío y ha adoptado una decisión injustificable aunque se quiera y se pueda (como todo en derecho); revestir de argumentos falaces. Nadie, a la vista de la anterior y unánime doctrina, podrá aceptarla sin reservas. Asumir una recusación, la primera que se admite en el TC en sus 27 años de existencia, cuando la confrontación política es tan evidente, no ayuda, sino todo lo contrario, al prestigio de una institución en la que a partir de ahora he de dejar de confiar y cuyas resoluciones comenzaré a medir con parámetros distintos a los del respeto que siempre le profesé.

Pero, la contienda, una vez emplazadas las partes, puede y debe tener un final diferente al diseñado desde Génova. Ante una maniobra dirigida a menoscabar la composición natural de un tribunal, se impone otra que la restablezca, que mantenga las reglas del juego. Para ello, Pérez Tremps debería dimitir y dar paso a un nuevo nombramiento que permitiera que el Estatuto catalán se analizara por doce magistrados. No se trataría de un atentado, sino de una respuesta constitucional a un fraude.

Y todo ello lo digo con independencia de que, leído como he hecho el recurso (400 páginas); del PP, me parezca que deben ser atendidas algunas de sus denuncias, fundadas y razonables. Una cosa no quita la otra ni, estoy convencido, habría sido necesario manipular la composición del TC para alcanzar una resolución justa y ajustada a la Constitución.