Un error histórico

Las infracciones a la Constitución y al sentido común son de tal calibre que hay que preguntarse cómo ha sido posible llegar a esta situación. Y la respuesta no es otra que la política del agua del presidente Zapatero, marcada desde el principio por el afán de levantar fronteras entre las cuencas hidrográficas, por el desconcierto y la inseguridad, por la falta de criterios y objetivos que no sean la obsesión antitrasvases, y por la cesión continua ante las exigencias del nacionalismo más radical. El resultado ha sido este clima enrarecido de insolidaridad y de ruptura territorial sin el cual serían impensables exigencias como las que plantea el nuevo estatuto manchego.

En un país tan marcado por los desequilibrios hídricos y las sequías como el nuestro, sólo es posible solucionar los problemas del agua si existe una política de Estado que trate de coordinar y armonizar los intereses y necesidades particulares de cada sector y de cada territorio, desde la solidaridad y desde la conciencia del interés general y el futuro común que une a todos los que formamos la nación española. Alcanzar y mantener el necesario equilibrio es complicado, sin duda, pero no es imposible. La relación entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana en torno al agua siempre ha sido difícil, con criterios muchas veces contrapuestos. A pesar de eso, hace unos pocos años, podíamos entendernos para aprobar de común acuerdo los planes hidrológicos de cuenca, y Castilla-La Mancha aportaba su voto favorable al Plan Hidrológico Nacional. ¿Por qué ¿Es que esos planes ponían punto final al trasvase del Tajo, o hacían al gobierno manchego amo y señor de más de dos terceras partes del agua de España No. Todo lo contrario. En esos planes se afirmaba totalmente una política del agua al servicio del interés general, plasmada en la continuidad del trasvase Tajo-Segura y en la previsión de un nuevo trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, a Murcia, a Almería y a las cuencas internas de Cataluña. Lo que ocurre es que eran unos planes que se habían intentado consensuar al máximo, y que buscaban satisfacer las aspiraciones y los derechos de todas las partes.

Toda obra humana es perfectible, sin duda, y la política del agua del gobierno del Partido Popular también podría haber sido mejorada. Nosotros estábamos (y seguimos estando); abiertos a todo lo que pueda suponer mejorar esa política y reforzar las garantías para los valencianos. Pero el presidente Zapatero, aquí como en tantas otras cosas, lo que ha traído es una ruptura radical, en el contenido y en la forma. Ya no se busca el consenso ni se pretende armonizar intereses: nos derogan el trasvase del Ebro por Decreto-Ley, nos imponen un plan de desaladoras sin contar con nuestra opinión, se nos cambia de la noche a la mañana el trasvase Júcar-Vinalopó, sin ninguna necesidad y en contra de sus usuarios... Y mientras tanto, de las grandes promesas del PSOE (traer más agua, más pronto y más barata, reformar con urgencia las confederaciones hidrográficas, revisar el caudal ecológico del Ebro, poner precio al agua, resolver los problemas ambientales de los ríos, controlar las extracciones abusivas, etcétera);, no se ha cumplido ninguna.

Este Gobierno no resuelve problemas, los crea. La ideología antitrasvases que la ministra de Medio Ambiente escenificó a la perfección, brindando con champán en Cataluña por la derogación del trasvase del Ebro, es la que ha dado alas a la idea insostenible de que el agua es propiedad exclusiva y excluyente del territorio por donde pasa, creando esta dinámica de división y de descomposición política que hace prácticamente imposible, hoy por hoy, cualquier proyecto de uso sostenible y solidario del agua en España.

E l nuevo proyecto de Estatuto castellano-manchego está pendiente aún de tramitación por las Cortes Generales. Cabe esperar que en el Congreso y en el Senado se podrán corregir al menos los aspectos más descaradamente inconstitucionales y las cláusulas más absurdas. Los votos del Partido Popular van a estar disponibles para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, absolutamente irrenunciable para la Comunidad Valenciana. Pero el daño está hecho, la herida es muy grande y, aunque hoy consigamos ponerle un parche, no será posible cerrarla si no se rectifica con rotundidad y urgencia la política que el Gobierno ha mantenido durante estos tres años.

El pasado miércoles, las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad una resolución que expresa el rechazo total de los valencianos a la supresión del trasvase Tajo-Segura. Celebramos que los grupos socialista y Esquerra Unida hayan sido capaces de superar por una vez sus complejos y sus servidumbres, y hayan unido sus votos a los nuestros para defender los derechos de los valencianos. Si lo hubieran hecho antes, quizá no habríamos llegado a esta situación. Pero, como dejó claro el grupo popular en esa misma votación, esto no es suficiente. Son muchas otras cosas las que hay que cambiar con urgencia, en el estatuto manchego y, sobre todo, en la política del Gobierno socialista. El verdadero pacto, el pacto que los valencianos necesitan, sólo será posible el día que el presidente Zapatero deje de confundir sus deseos con la realidad, sea capaz de reflexionar sobre lo que está pasando y llegue a la conclusión de que es preciso acabar de una vez por todas con el desgobierno en que ha caído el agua en España. Y, de momento, no hay indicio de que ese día pueda estar cercano.

José Ramón García Antón es conseller de Infraestructuras y Transporte.