A la actual legislatura le quedan 26 sesiones plenarias en el Congreso de los Diputados - una cantidad similar en el Senado - de las que 14 corresponden al periodo de sesiones entre febrero y junio, según el calendario publicado el pasado jueves tras el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara baja. En pocas palabras, la legislatura, la VIII tras la aprobación de la Constitución, ha entrado en su recta final. Afinando un poco se puede afirmar, en términos parlamentarios, que tiene sus sesiones contadas. Hay que tener en cuenta que en este tiempo se cruza la jornada electoral del 27 de mayo, al final del periodo de sesiones que se inicia en febrero, en la que se renovarán los ayuntamientos de los más de 8.000 municipios de toda España y los legislativos y ejecutivos de catorce comunidades autónomas; tras el verano se puede asegurar que se iniciará una larga campaña electoral de cara a los comicios generales que darán paso a la próxima legislatura de las Cortes Generales. Es decir, a partir de estos momentos ya no hay tiempo que perder y toda puntada no se va a dar sin hilo; todo estará dirigido a lo que importa en realidad: influir en el veredicto de las urnas. La reflexión viene a cuento para poner de manifiesto aquella máxima, asumida por todos, según la cual los tiempos tienen una gran importancia en política y hay que actuar en consecuencia.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (persona que alardea de controlar los tiempos en política);, anunció el pasado día 29 de diciembre una amplia ofensiva política en torno a nada menos que 42 proyectos legislativos para la recta final de su legislatura. Fue el mismo día en el que, imbuido de la necesidad de dotar de impulso esa etapa afirmó aquello de que al cabo de un año estaríamos mejor en lo referente al terrorismo. El criminal atentado de ETA al día siguiente en Barajas fue un mazazo para esos planteamientos, que eran el colofón a su gestión iniciada a mediados de abril de 2004. Es evidente que el resto de la legislatura estará marcado por este hecho, salvo novedades sorprendentes pero altamente improbables. De ello se ocupará el Partido Popular. De hecho ya se está ocupando desde el primer momento de introducir toda la presión posible en la caldera política española desafiando incluso las leyes de la física elemental - si explota la caldera será la mejor prueba de que es necesario instalar otra nueva - .

Al margen de la ración diaria de epítetos sobre las consecuencias del atentado terrorista, el PP ya ha marcado cuales son sus prioridades legislativas para esta temporada: cinco PNL (proposiciones no de ley, trámite parlamentario no estrictamente legislativo que, en el caso de ser asumidos por la cámara, se limita a «instar» al Gobierno a esto o aquello, sin más);. Las citadas PNL van dirigidas a definir una nueva estrategia de lucha antiterrorista, lo cual no deja de aportar una original forma de contemplar esta cuestión.

Según el PP y su líder, Mariano Rajoy , esta ofensiva parlamentaria debe ocupar el tiempo de debates en el Congreso de los Diputados con el fin de «instar» la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, reavivar el caso judicial contra «Egunkaria», marcar el paso de las actuaciones del Fiscal General del Estado, impedir la presentación de Batasuna en los comicios municipales y, en definitiva, un cóctel de tipo populista y oportunista dada la situación creada tras el atentado terrorista que ha dado al traste con el denominado proceso de paz y el incipiente diálogo con la banda ETA. Y va a ser difícil sustraer de las discusiones políticas esta cuestión, como se está constatando en cualquier circunstancia o rincón de la piel de toro - incluso el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón , detenido y procesado por orden de una juez por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, ha proclamado aquello de que ZP ha instaurado una república bananera y que en realidad se persigue al PP - . Como el Congreso de los Diputados se queda corto, el PP también promoverá mociones en todos los ayuntamientos para pronunciarse en la misma línea que en el ámbito parlamentario al grito de ¡más madera!, para meter presión a la caldera.

Atrás quedarán asuntos como las reformas estatutarias pendientes -cuatro en estos momentos - , la voluntariosa reforma de la Constitución o el necesario consenso parlamentario sobre las iniciativas legislativas tanto del Gobierno o de la oposición para intentar solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos. El PP ya ha realizado su apuesta y no va a salir de ese carril, pase lo que pase.