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Huelga general
La pregunta surge en cada convocatoria: ¿Cuánto cuesta una huelga general? La CEOE ha cifrado el impacto en 1.000 millones de euros con un 35% de seguimiento. Con ese parámetro, la media de seguimiento de otras ocasiones arroja un coste de algo más de 2.000 millones. Pero las empresas también ahorrarán en salarios. Algunos expertos creen que es peor el coste sobre la imagen del país.

Víctor Romero/Valencia

Cada vez que se produce una movilización sindical de este tipo, desde el lado de los empresarios, pero también en algunos casos del Gobierno cuyas reformas han sido cuestionadas, se lanza el debate de los perjuicios sobre la economía de un parón de la producción de una jornada completa. Al margen de estimación y consideraciones, sólo el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato se atrevió en 2002 a poner cifras al coste de una huelga general contra la reforma laboral y el sistema de cobertura de desempleo impulsados por el Gobierno de José María Aznar. 250 millones de euros fue la cifra lanzada desde el Ejecutivo. Rato calculó además que cada trabajador que secundase el paro perdería 70 euros de media por la jornada que dejaba de cobrar y cotizar.

Diez años han pasado desde aquella cita y el baile de cifras se ha modificado al alza. La patronal CEOE se ha subido al carro de las estimaciones. Su vicepresidente, Arturo Fernández, ha calculado que con un seguimiento del 35 % de los asalariados el impacto económico rondaría los 1.000 millones de euros. A partir de esa línea el coste dependería del porcentaje de seguimiento. Con un 70 %, que es la media de las convocatorias de huelgas generales según los sindicatos, el coste se elevaría a 2.000 millones de euros.

Según las estimaciones realizadas por este diario, paralizar toda la actividad productiva puede suponer unas pérdidas de 4.700 millones de euros, de los cuales algo más de 385 millones de euros serían cotizaciones sociales que dejaría de percibir el Estado, siempre que el seguimiento fuera del 100 %. No obstante, el Estado también ahorraría 340 millones de euros de nóminas de los funcionarios. También las empresas ahorrarían más de 1.350 millones de euros en nóminas en caso de seguimiento absoluto. Este baile de cifras aboca a la conclusión de que es muy difícil hacer una estimación fiable del coste de una jornada de huelga general.

Si acaso solo cabe estimar el impacto de un paro sobre el Producto Interior Bruto. Y esto solo es posible discriminando los sectores sobre los que ha tenido mayor incidencia el seguimiento de la jornada de huelga. Además hay que tener en cuenta para los cálculos los servicios mínimos y tener en cuenta que es irreal un seguimiento completo del paro capaz de paralizar toda la actividad productiva del país.

Lo que sí es cierto es que para un asalariado, la huelga no sale gratis. Los que decidan no acudir el 29 de marzo a su puesto de trabajo verán descontada la parte proporcional de su sueldo, incluidas las que corresponden a complementos y pagas extraordinarias. Aplicando el efecto de la inflación sobre los 70 euros que calculó Rato (hoy presidente de Bankia), la pérdida media de ingresos para el asalariado que opte por hacer huelga rondará los 90 euros.

En cualquier caso, el impacto directo va a depender mucho del nivel de seguimiento y sobre este asunto hay distintas previsiones. Expertos que comparten las políticas del Gobierno y ven inevitable la reforma laboral consideran que el seguimiento será escaso porque hay mucha gente en paro que no se siente perjudicada por la reforma y otra que siente que deben acometerse los cambios que sean necesarios para tratar de fomentar el empleo. Y ello pese a que hasta el Gobierno ha reconocido que la reforma no tendrá efectos inmediatos y que numerosos expertos y organizaciones opinan que no bajará la tasa de paro hasta que las tasas de crecimiento no regresen al terreno positivo.

Caldo de cultivo

Lo que es evidente es que hay un elevado malestar entre los trabajadores del sector público, que el trasporte privado tiene motivos para la queja (con los carburantes por las nubes) y que hay grandes compañías que llevan tres años exprimiendo los salarios y jornadas laborales de sus empleados sin que lleguen las mejores. En estos sectores está el caldo de cultivo de un posible éxito de la huelga.

En lo que coinciden algunos expertos es en que el precio puedes estar más en la imagen que España transmitirá al exterior y el efecto que puede tener la convocatoria en la confianza de los inversores internacionales y en los mercados financieros, que curiosamente son los que con sus exigencias están condicionando más la fluidez del crédito y los costes sobre la deuda pública, tanto estatal como autonómica. En la línea de mantener las reformas pese a su coste social se sitúa el presidente de Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós, quien considera que si el Gobierno de Mariano Rajoy no cede a las exigencias sindicales relanzará la imagen positiva de España en el sentido de que no se arredra antes las protestas y mantiene su calendario de reformas.

Los sindicatos, por contra, confían en que la movilización surta efecto y se modifiquen algunos de los aspectos de la reforma laboral que más perjudican los derechos de los trabajadores

El PP tira de argumentario

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya advirtió a sus colegas europeos que la reforma labora le iba a costar una huelga general. El PP afrontar la convocatoria en posición muy distinta a la de 2010, cuando era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero el que comandaba el Ejecutivo central. Entonces, los populares se posicionaron en contra de paro. Ahora, la formación de la gaviota ha hecho del coste económico de la convocatoria una de las líneas estratégicas de su defensa política frente a los sindicatos.

El PP ha remitido un argumentario interno entre sus cuadros en el que destaca: «Lo que menos necesita España en estos momentos es una huelga que tendría un coste de miles de millones de euros perdidos». De esta forma, el impacto económico de una huelga general en una España inmersa ya en otra recesión se ha convertido en el argumento estrella del PP para tratar de generar un caldo de cultivo contrario a la misma.

En esta línea se entiende también que los populares hayan convertido la sesión parlamentaria del Congreso del 29-M en una prueba de resistencia de los diputados. Durante diez horas se debatirán cinco decretos y se someterá a su primer trámite la Ley de Estabilidad Parlamentaria. Los grupos a la izquierda del PSOE (IU, ICV, ERC o CHA) ya han mostrado su oposición. Los socialistas han preferido no caer en la trampa y acudirán al Parlamento.

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