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Huelga general
La nueva reforma laboral, que ya fue calificada en su día por el ministro de Economía, Luís de Guindos, de "extremadamente agresiva" y de la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo que le iba a costar una "huelga general", presenta numerosas modificaciones y desregulaciones en relación con la aprobada por el anterior Ejecutivo de José Luís Rodríguez Zapatero en junio de 2010.

EFE/EP/Madrid

La nueva reforma laboral impulsada por el Partido Popular ha sido el detonante de la convocatoria de la huelga general. La nueva normativa, defendida por Gobierno y empresarios, y duramente criticada por los sindicatos, generaliza el despido con 20 días de indemnización y resta poder a las centrales sindicales a la hora de pactar las condiciones laborales de los trabajadores, aunque también apuesta por impulsar la formación y apoyar fiscalmente a las pymes.

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Lo más controvertido de la reforma es el abaratamiento del despido, ya que el PP ha ahondado en la senda abierta por el gobierno socialista con su reforma de 2010, en la que se facilitaba el despido con 20 días a las empresas con previsión de pérdidas económicas o con una caída "persistente" de los ingresos.

Ahora se ha cifrado esa persistencia en 9 meses, lo que en la práctica significa que casi cualquier empresa española puede en estos momentos recurrir al despido por razones económicas sin que ningún juez dicte su improcedencia.

Por si acaso, también se ha abaratado el despido improcedente, que en lugar de pagarse a 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades, se pagará a 33 días por año con un tope de 24 meses.

Además, con la vista puesta en el redimensionamiento del sector público, la norma facilitará que las empresas públicas que no sean solventes ni tengan previsión de serlo en los próximos años puedan recortar sus plantillas con la modalidad de despido mas barata.

Para equilibrar la balanza, el Gobierno ha recortado drásticamente las indemnizaciones por despido a los altos ejecutivos y directivos de empresas públicas y entidades financieras que han recibido capital del Estado, acabando con los contratos "blindados".

Pero quizá sea más trascendental, como ha señalado con insistencia el ministro de Economía, Luis de Guindos, el cambio introducido en la negociación colectiva, que da al empresario la última palabra en la mayoría de los conflictos que se generen sobre las condiciones laborales pactadas (salarios, jornada, horario, movilidad, funciones, etc).

De esta forma, si una empresa acuciada por las circunstancias económicas decide por ejemplo no aplicar una subida salarial previamente pactada y no llega a un acuerdo al respecto con la representación sindical podrá reclamar un arbitraje obligatorio.

De la misma manera, al suprimirse la autorización administrativa para los expedientes de regulación de empleo (ERE) será el empresario el que finalmente decida las condiciones de la extinción o suspensión de los contratos.

Hasta ahora, la autoridad laboral podía devolver un ERE no acordado, lo que abría a los sindicatos la posibilidad de pactar mejores condiciones de salida para los trabajadores.

Estas son los principales novedades de la reforma laboral del PP:

1)

Despido

La indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades (ahora son 42).

Los contratos fijos que actualmente tengan derecho a 45 días por año mantendrán esa cuantía hasta la entrada en vigor de la nueva norma, y a partir de ese día la indemnización pasará a ser de 33 días. El límite para ambos periodos será de 42 mensualidades.

El absentismo laboral individual del trabajador deja de estar vinculado al que haya establecido para el conjunto de la plantilla, con el fin de facilitar el despido.

El despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado- podrá aplicarse cuando la compañía tenga una caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos.

Los organismos y entidades del sector público que no sean viables ni se prevea que lo puedan ser en los próximos años podrán acogerse a causas objetivas de despido para redimensionar plantillas.

Desaparece la exigencia de autorización administrativa previa para las regulaciones de empleo.

Las empresas que despidan a más de 100 trabajadores deberán articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo mínimo de seis meses.

2)

Contratos

Se crea un nuevo contrato indefinido que podrán utilizar las pymes con menos de 50 trabajadores. Gozará de una deducción de 3.000 euros por la contratación de un primer empleado menor de 30 años.

El desempleado podrá compatibilizar el sueldo de ese nuevo contrato con el 25 % de la prestación que recibe, durante un máximo de un año.

A partir del 31 de diciembre no se podrán encadenar contratos temporales que superen los 24 meses.

Se fusionan en un solo contrato indefinido el ordinario y el de fomento del empleo estable, con las condiciones establecidas para este último.

La edad máxima para acceder al contrato de formación y aprendizaje será de 30 años hasta que la tasa de paro baje del 15 %.

Tras agotar un periodo de formación en una actividad, el trabajador podrá utilizar el contrato de formación y aprendizaje en otros sectores. También podrá recibir la formación en la propia empresa si esta dispone de instalaciones y personal docente.

Se fomenta la contratación indefinida de los jóvenes menores de 30 años con hasta 3.600 euros, mientras que para los parados de larga duración la cifra será de hasta 4.500 euros.

 

3)

Formación

Todos los trabajadores tendrán derecho a 20 horas de formación anuales pagadas por la empresa y vinculadas al puesto de trabajo.

Se crea una cuenta que recopilará toda la formación recibida por el trabajador durante su vida activa.

4)

Convenios

La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, lo que pone fin a la "ultraactividad".

De no alcanzar un acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir a la Comisión Consultiva de convenios Colectivos o sus equivalentes autonómicos, que nombrará un árbitro y resolverá en 25 días como máximo.




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