Jueces, fiscales e intelectuales critican en un manifiesto las propuestas del PP

Un nutrido grupo de jueces, fiscales, personalidades del mundo universitario e intelectuales han suscrito un manifiesto a menos de una semana de las elecciones generales en el que, aunque no mencionan expresamente a ningún partido político, critican las propuestas del PP en materia criminal.

EFE El documento, que pide una política criminal "racional", llega a calificar como "envilecedora", por situarnos al margen de la Constitución, la propuesta del PP para que los menores de 14 años puedan ser sancionados penalmente.

Este manifiesto lo suscriben seis asociaciones judiciales, entre las que destacan Jueces para la Democracia (JpD);, el Sindicato de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Fiscales, y cuenta con la firma particular de más de un centenar de magistrados, una quincena de fiscales, cerca de 50 abogados y otros cien profesionales universitarios e intelectuales.

Entre esas firmas se encuentran las del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, la presidenta del Observatorio sobre Violencia Doméstica y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comás, el magistrado del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez o la de la escritora Almudena Grandes.

Los firmantes denuncian que "tratar de persuadir a la ciudadanía de que existe un grave problema de delincuencia en la franja de edad comprendida entre los 12 y 14 años, o de que delincuencia e inmigración son un binomio inseparable" son afirmaciones "alarmistas" y "carentes del más mínimo rigor".

Creen que el efecto perseguido con estas propuestas es crear un injustificado clima de alarma, buscando rentabilizarlo en las urnas.

El manifiesto califica de "irracional" el hecho de que en materia criminal se use la política penal como "única ratio" o que se presente a los inmigrantes como "fáciles chivos expiatorios" para concentrar sobre ellos el rechazo social.

Además rechaza los planteamientos que sostienen que el endurecimiento de las penas basta para reducir los índices de delincuencia o que apuestan por reformar "compulsivamente" las leyes, sin una previa evaluación de las posibles deficiencias de la legislación derogada y de la verdadera eficacia de la que se promueve.

El documento apela a que "de estimarse pertinente una reforma legal" se realice en el marco de la Constitución.

"No podemos aceptar que se den pasos atrás en el largo camino recorrido con tanto esfuerzo para tratar de conseguir un sistema de intervención penal basado en la humanidad, en la reinserción, en la culpabilidad y en la proporcionalidad; máxime cuando, además, el ideal constitucional sigue estando todavía tan lejos", concluye el escrito.