La Fiscalía solicitó ayer al Tribunal Supremo la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV);, partido del que dice que pone todos sus recursos, financieros y políticos, a disposición de Batasuna. La demanda, de 109 folios, va acompañada de la petición a la sala del 61 del Alto Tribunal para que, como medida cautelar, acuerde la suspensión de toda clase de actividades de ANV como partido político a la mayor brevedad y, a ser posible, antes del 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas para las elecciones del próximo 9 de marzo. El Ministerio Público alerta al tribunal de la cercanía del proceso electoral y le pide que tome esta determinación sin escuchar a ANV.

La Fiscalía pide a la Sala del 61 que cierre la sede de ANV y todos sus locales, embargue sus cuentas y bloquee sus ingresos por subvenciones públicas y, finalmente, la suspensión del derecho a presentar candidaturas en los comicios del 9-M.

La Fiscalía recuerda que, desde su inscripción como partido, ANV sólo había participado en las elecciones de 1977 hasta que, tras "la ilegalización de los partidos políticos hasta entonces depositarios de los postulados políticos de ETA", se presentó a las municipales del año pasado.

Dice también que aunque ya en ese momento se observó que ANV mantenía "unos planteamientos próximos al mensaje tradicional de la izquierda abertzale", no ha sido hasta ahora, gracias a los informes policiales, cuando ha quedado acreditada su subordinación a las directrices y objetivos de Batasuna.

La Fiscalía señala que desde entonces, los dirigentes de ANV, en sus manifestaciones públicas, "van identificándose plenamente con el discurso y la estrategia de los partidos ilegales", especialmente en lo relativo "a la minimización, cuando no el apoyo tácito o explícito, de los actos de violencia política o de sus autores, o de la defensa o justificación de los mismos".

La demanda destaca que ANV pone a disposición de Batasuna todos sus recursos, "no sólo los de orden económico o financiero , sino, en general, su propia capacidad de acción política y muy señaladamente su presencia en el ámbito institucional en el que tiene representación".

La Sala del 61 del Tribunal Supremo delibera hoy sobre las medidas planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus demandas de ilegalización tanto de ANVcomo del PCTV.