La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso ayer a que Garzón investigue las denuncias presentadas por las familias de los desaparecidos durante la guerra de 1936 en la zona controlada por el bando nacional y pidió su archivo, al no encontrar razones jurídicas para iniciar un procedimiento.
Tras conocer esta decisión, la ARMH recuerda en una nota que la resolución de Naciones Unidas 47/133 de diciembre de 1992, que fue votada favorablemente por el Gobierno español, señala el deber de las instituciones de erradicar las desapariciones forzadas sin que sean necesarias denuncias previas, sino evidencias de su existencia.
La asociación reclama la aplicación de dicha resolución de la ONU y subraya que espera del juez la aplicación de la legislación y jurisprudencia internacional que permita investigar las desapariciones forzadas de las víctimas de la dictadura.
Asimismo, indica que desde octubre de 2000 la ARMH ha exhumado los cuerpos de algo más de 1.200 personas, sin que las instancias judiciales pertinentes hayan intervenido, salvo en contadas excepciones, e incluso con la oposición de los titulares de algunos juzgados.
La nota concluye reiterando la petición de esta asociación para que "el juez que ha protagonizado uno de los principales procesos para la implantación de la Justicia Universal" continúe su defensa judicial de los derechos humanos y su labor con respecto a las desapariciones forzadas no se restrinja a territorios extranjeros.
