Fuentes jurídicas han confirmado que el juez ha acusado a los cinco, que fueron detenidos por la Guardia Civil en Galicia, País Vasco y Madrid el pasado 23 de enero, de un delito de integración en banda armada y todos han negado pertenecer al GRAPO.

Entre los detenidos figura José Luis Fernández González, parapléjico a causa de los disparos que recibió en un enfrentamiento con la Guardia Civil, según dijo su esposa, a quien Grande-Marlaska, además de la fianza de 12.000 euros y las comparecencias semanales ante las autoridades judiciales, le ha impuesto la retirada del pasaporte para impedir su salida de España.

Fernández González, que impulsa una asociación de apoyo a presos de la banda, fue vendedor de la ONCE hasta el pasado otoño, cuando pidió la incapacidad permanente.

El abogado que desde hace años lleva la defensa de los integrantes del GRAPO, Juan Manuel Olarieta Alberdi, es otro de los acusados y el que más tiempo ha pasado en el interrogatorio con el juez y el fiscal de la causa, Juan Moral, que pidió lo mismo que ha acordado Grande-Marlaska.

Los otros tres son Carlos Cela Seoane, perteneciente a una familia de integrantes del GRAPO, Fernando Cantabrana Berrio y Fernando Rodríguez Blanco.