Según han informado a Efe fuentes judiciales, el juez ha dejado en libertad con cargos a Morín y a su esposa, María Luisa D.S., así como a María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas del grupo Ginemedex-TCB, propiedad de Morín.
Tanto Morín como su esposa y María Virtudes S.V. ingresaron en prisión el pasado 30 de noviembre acusados de los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental.
Otros dos imputados, los psiquiatras Pasqual Javier R.M. y Fernando Javier C.V., acusados de falsificar informes, continúan todavía en prisión después que fueran detenidos el pasado diciembre.
Esta trama dedicada supuestamente a la práctica de abortos ilegales, especialmente en mujeres en avanzado estado de gestación, fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa y se investigó en España tras una querella presentada por E-cristians.
La actuación judicial despertó críticas de plataformas que apuestan por el derecho al aborto libre y gratuito y que denuncian el acoso policial a las clínicas abortistas.
En el polo opuesto, la organización cristiana que presentó la demanda defiende que los abortos sólo se hagan en centros públicos, ya que cree que esta es la única garantía de que se cumpla la ley.
Al parecer, los abortos se practicaban en cuatro clínicas pertenecientes al grupo Ginemedex-TCB, propiedad de Morín, como TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín, situadas en el barrio Tres Torres de Barcelona.
Según la querella presentada en su día por e-Cristians, Morín, que ya había sido investigado por el Departamento de Salud, se encontraba en la cúspide de esta trama ilegal, en la que supuestamente se falseaban historiales médicos para dar apariencia de legalidad a abortos que quedaban fuera de los supuestos previstos por la ley, a cambio de importantes sumas de dinero.
Colaboraban presuntamente con Morín en la dirección de esta actividad ilícita su esposa, Maria Luisa D.S., y Virtudes S.V., quien según fuentes cercanas al caso, se encargaba de captar a posibles clientes para practicarles abortos.
El Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación); será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios en clínicas y consultorios ginecológicos durante un tiempo de uno a seis años.
