En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado que el nuevo Centro vigilará la seguridad de estas infraestructuras, no sólo ante la amenaza de atentados terroristas, sino también ante la posibilidad de catástrofes naturales, que también pueden afectar al funcionamiento de estas instalaciones básicas.
En los últimos meses el Gobierno ha elaborado un catálogo con 3.500 instalaciones "críticas" en toda España, listado que, como ha aclarado Pérez Rubalcaba, tiene lógicamente un carácter secreto para garantizar su seguridad.
El responsable de este nuevo organismo será el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien se encargará de desarrollar y actualizar el plan de protección de estas instalaciones aprobado ya por el Ejecutivo el pasado mes de mayo.
El nuevo centro de coordinación se enmarca dentro de la política de seguridad común de la Unión Europea, que establece planes de emergencia en todos los países comunitarios.
La normativa europea que ha permitido este plan reconoce que el riesgo de "ataques terroristas catastróficos" contra infraestructuras críticas "va en aumento" y por ello crea un catálogo de instalaciones sensibles a estos atentados.
Establece que las infraestructuras críticas son aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción pueden tener una repercusión importante en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos de los Estados miembros.
Entre estas instalaciones sensibles destacan las centrales y redes de energía, las comunicaciones, las finanzas, el sector sanitario, la alimentación, el agua -embalses, almacenamiento, tratamiento y redes-, los transportes -aeropuertos, puertos, etc-, monumentos nacionales, así como la producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas, como material químico, biológico o nuclear.
Las autoridades comunitarias dan por supuesto que un ataque cibernético causaría "pocas víctimas o ninguna", pero alerta de que éste podría acarrear la pérdida de servicios vitales, como la red telefónica, que a su vez provocaría un efecto "cascada" en otros servicios.
Como explica la comunicación comunitaria, un atentado contra una central eléctrica podría interrumpir no sólo la distribución de electricidad, sino también paralizar las instalaciones de depuración y de suministro de agua o una parte de los transportes públicos.
Por ello considera vital proteger estas infraestructuras de ataques intencionados o de catástrofes naturales.
