Este error en la notificación del juicio a la acusación de Los Verdes de Andalucía ha aplazado la celebración de la causa, que estaba prevista para hoy y el próximo viernes, hasta el 13 y 14 de diciembre, según ha informado a los periodistas la abogada de esta acusación, Inmaculada Gálvez.

La abogada ha asegurado que se enteró ayer por la prensa de que iba a comenzar el juicio, por lo que todas las partes se han puesto de acuerdo en el aplazamiento para evitar una posible suspensión de las actuaciones si se hubiera celebrado.

Junto a Muñoz, otros cinco ex concejales del GIL están acusados de un delito urbanístico por el que la Fiscalía solicita año y medio de prisión para cada uno de ellos y la inhabilitación para cargo público durante 8 años.

Para Gálvez, el error, que podría deberse a que la notificación se ha enviado a IULV-CA -también acusación particular- pero no a Los Verdes de Andalucía, demuestra la necesidad de reforzar las oficinas judiciales "porque no hay medios suficientes y lleva diez años un procedimiento para que ahora se suspenda por errores".

Por su parte, Pablo Luna, abogado defensor de dos de los ex concejales imputados -Rafael González y Manuel Calle-, ha pedido la unificación de las causas en un solo procedimiento o que todas ellas se desarrollen en un período de tiempo concreto porque, según ha dicho, "la ciudadanía no puede entender que un juicio se suspenda por un fallo procesal".

Además de Muñoz y estos dos ex ediles, también están imputados Mario Jiménez, María Luisa Alcalá y Dolores Zurdo, por otorgar la licencia de obras para construir un inmueble dedicado a viviendas, locales y aparcamientos en contra de la normativa vigente.

Según la calificación fiscal el delito se cometió el 27 de marzo de 1998, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, entonces con Muñoz con alcalde accidental y estos cinco concejales como integrantes, dio a las empresas Jotsa y Promotorauno la licencia en una parcela clasificada como "zona deportiva de uso público".

La calificación añade que la licencia otorgada, en contra del Plan de Ordenación Urbanística (PGOU); de 1986, se hizo en función de las instrucciones del entonces alcalde de la localidad, Jesús Gil, y con un presupuesto de más de quince millones de euros.