El Gobierno consultará con Bruselas la vía para renovar el CGPJ sin el PP

El Gobierno tiene un plazo y una decisión tomada sobre el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si antes de las elecciones europeas, “cuando termine el mandato” de la Comisión Europea, no hay acuerdo con el PP, se promoverán cambios legales para forzar el desbloqueo sin el concurso del principal partido de la oposición. Así de tajantes se muestran los colaboradores del presidente de Pedro Sánchez, aunque por el momento evitan concretar su plan para reformar la ley de poder judicial. Primero, estas mismas fuentes explican que hablarán con Bruselas y que escucharán su parecer. Eso sí, de forma consultiva porque, avisan, “quien tiene capacidad de aprobarlo es el Congreso, esto es así”.

Ni Pedro Sánchez ni ningún ministro socialista cierra la puerta a cambiar el sistema de mayorías para que la renovación de los vocales pueda producirse mediante mayoría simple del Congreso, en lugar de con tres quintos como establece ahora la ley. Un cambio al que urgen tanto los socios de coalición como parlamentarios. El PSOE ya planteó una iniciativa en esta línea en la pasada legislatura, pero finalmente la enterró por el rechazo expreso de la Comisión Europea. Sánchez volvió a descartar esta posibilidad en los últimos meses, abriéndose únicamente al denominado plan Guilarte. La propuesta del presidente de este órgano constitucional consistente en restar competencias al CGPJ para realizar nombramientos en la cúpula judicial.

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Ahora, la rebaja de las mayorías cuestionada por la UE, es una opción que ha vuelto a ponerse sobre la mesa, al menos evitando rechazarla como antes. No solo como un mecanismo de presión, aunque un ministro del núcleo duro de Moncloa argumenta que el PP podría estar “aguantando” hasta que se registre esta reforma. En cualquier caso, serían los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno, PSOE y Sumar, previa negociación con sus socios de investidura, quienes presentarían la iniciativa a través de una proposición de ley.

El argumento esgrimido por Moncloa es que el bloqueo de la renovación de este órgano constitucional, con casi cinco años y medio con el mandato caducado, es “insostenible”. En esta línea, apuntan que si no se hace antes de las elecciones europeas, con la medición de Bruselas, ya no se hará en lo que resta de legislatura. Los socialistas subrayan en que están “negociando según criterios y el procedimiento que pidió el PP”.

Desde el Ejecutivo se está reclamando la convocatoria de una reunión presencial con los populares, pero reconocen que no hay nada agendado. El último encuentro, bajo la mediación de la Comisión Europea, se produjo el pasado 13 de marzo entre los negociadores del Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y del PP, su vicesecretario de acción institucional, Esteban González Pons. El encuentro terminó sin avances. Entonces, el comisario de Justicia, Didir Reynders, emplazó a una siguiente reunión en Madrid que nunca llegó a producirse.

Cambio de mediador

Moncloa culpó a los populares de aplazarla. Tras ello, Reynders presentó su dimisión por presentar su candidatura al Consejo de Europa y tomó su testigo la vicepresidenta Věra Jourová. Sin avances, los socialistas se muestran impacientes y aunque priorizan el acuerdo, ya hacen ver su plan B. “Si echamos la vista atrás, el PP siempre que está en la oposición ha puesto constantes palos en las ruedas para imposibilitar la renovación. Es urgente que el PP cumpla con su mandato constitucional y si este bloqueo continúa, el Parlamento tendrá que encontrar una salida porque es una situación absolutamente inédita”, aseguraba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros del pasado martes.

De la determinación del Gobierno para desbloquear una situación que consideran “de un deterioro extraordinario” da cuenta su intención de incluir una reforma en este sentido dentro del plan de regeneración democrática puesto sobre la mesa por Sánchez. El jefe del Ejecutivo ha avanzado en su ronda de entrevistas tras decidir seguir al frente del Gobierno que, si continúa el “secuestro” del CGPJ, “el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder salir de esta situación".

Presión de la Comisión

Antes de ello, el Ejecutivo tanteará a la Comisión y escuchará sus “planteamientos”. Los socialistas entienden que Bruselas “algo tendrá que decir” si fracasan las negociaciones bajo su mediación. Fuentes del Gobierno cercanas a estas conversaciones deslizan con cierto optimismo que Jourová “conoce bien la situación”. Se confía también en su presión sobre los populares.

Los jueces que componen el CGPJ fueron elegidos con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy (PP), en 2014, y los conservadores se han resistido tanto con Pablo Casado como con Alberto Núñez Feijóo a cambiar esa composición que les beneficia. Hasta en dos ocasiones se estuvo a punto de cerrar un acuerdo. La primera saltó por los aires cuando se conoció un whatsapp de Ignacio Cosidó, por entonces portavoz del PP en el Senado, donde defendía el acuerdo para controlar la Sala Segunda del Supremo "por la puerta de atrás". La segunda el PP rompió el pacto por la eliminación del Código Penal del delito de sucesión y la reforma de la malversación acordada con ERC.