Irregularidades en la gestión del covid
Canarias compró mascarillas por 1,3 millones con una factura falsa
El Servicio Canario de Salud formalizó un contrato el 20 abril de 2020 con una empresa que se constituyó en escritura pública ante notario un día después
Continúan los líos vinculados a la compra de material sanitario en Canarias durante la pandemia. El Servicio Canario de Salud (SCS) ha entregado a la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que investiga el caso Koldo, una factura de 1.318.337 millones de euros ligada al contrato con la sociedad, Central de Sanitary Traders Spain SL, para la compra de mascarillas y batas impermeables el 20 de abril de 2020.
Ese día se formalizó el acuerdo con el SCS, firmado por la directora general de Recursos Económicos, Ana María Pérez Afonso.
La empresa se constituyó formalmente ante notario un día después, el 21 de abril de 2020, según el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria.
Por lo que la factura con el presupuesto que aparece en la documentación oficial el SCS es falsa al haberse generado con una fecha en la que la empresa ni siquiera existía.
El 20 de abril, cuando se formaliza la compra con el SCS, la sociedad no estaba aún constituida ante notario y por lo tanto no disponía todavía de un número de identificación fiscal (NIF/CIF B-76370212) con el que poder formalizar la operación de compra-venta con la administración sanitaria de Canarias. La Agencia Tributaria suele facilitar un día después de la escritura societaria ante notario la identificación numérica con la que poder operar. Además, la fecha del contrato se produjo en pleno estado de alarma cuando la movilidad estaba restringida y existía una dificultad añadida para la constitución de sociedades mercantiles.
El acuerdo público de adjudicación incumple así la Ley de Contratos del Sector Público que obliga a las administraciones a solo realizar contratos con empresas que dispongan de identificación fiscal.
La sociedad no aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) hasta el 18 de mayo de 2020, un mes después de que el Ejecutivo canario formalizara el pedido.
Mascarillas y batas
La adjudicación del contrato para la compra de material sanitario, en concreto de 133.300 mascarillas quirúrgicas, 133.300 mascarillas FFP2 y 133.300 batas impermeables y antibacterias, se gestó, por tanto, antes de que Central de Sanitary Traders Spain SL cobrara forma oficialmente.
El notario David Gracia Fuentes fue el responsable de certificar la escritura de la sociedad el 21 de abril de 2020 en la que aparece Diego Luis Cruz de Mercadal, un empresario de Las Palmas de Gran Canaria, como administrador único. Este cuenta con una decena de empresas vinculadas a actividades diferentes como el comercio al por mayor o el diseño textil. El registro refleja que está domiciliada en la calle Pilarillo Seco número 8 en la capital grancanaria.
El Gobierno que presidía el socialista Ángel Víctor Torres confió la compra de material sanitario a una empresa que se constituyó de un día para otro, pero la publicación de las adjudicaciones en la Plataforma de Contratación no se llevó a cabo hasta mediados de 2021, un año después. Las mascarillas y las batas acordadas desde un primer momento, y reflejadas en el primera factura falsa, llegaron a cuenta gotas al Archipiélago desde que se adjudicó el contrato hasta marzo de 2021. El Gobierno canario tuvo que dividir el pedido en cinco facturas de 537.880 euros, 427.150 euros, 255.255 euros, 212.059 euros, 183.342 euros y 129.800 euros.
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