El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido este viernes en que el procedimiento abierto en Alemania contra Carles Puigdemont en aplicación de una euroorden de detención aún no ha terminado y que hasta entonces no se podrá determinar si la Justicia española podrá o no juzgar por rebelión al expresidente de la Generalitat de Cataluña.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz ha abogado por "esperar a que acabe el procedimiento" para ver si Puigdemont será extraditado y por qué delitos exactamente, y ha dicho que el Gobierno prefiere "no aventurar hipótesis".
Así ha respondido cuando le han preguntado si aún sería posible juzgarle en España por rebelión, uno de los delitos por los que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó a Puigdemont, habida cuenta de la negativa del tribunal alemán a ver rebelión en la conducta del expresidente catalán.
Asimismo, Méndez de Vigo ha recordado que son los jueces de Alemania y España los que deben determinar la situación judicial de Puigdemont, mientras que el Ejecutivo respeta y acata esas decisiones in hacer "interpretaciones de ningún tipo". "Es una cuestión entre jueces, no entre gobiernos", ha recalcado.
Pero el portavoz del Ejecutivo ha llamado la atención en repetidas ocasiones con respecto a que la decisión del tribunal no es definitiva, dado que no ha entrado en el fondo de la cuestión, esto es, la entrega a España, sino que tan sólo se ha pronunciado sobre la situación de prisión preventiva en la que permanecía el detenido.
Lo mismo ocurre, ha señalado, con el resto de imputados en el 'procés' fugados en otros países. "Todavía ninguno de estos países se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, ha habido medidas provisionales", ha insistido.
No es un persiguido político
Lo que está "claro" por el momento es que Puigdemont "está sometido a la acción de la justicia en territorio alemán", que "no es un perseguido político" y que se encuentra a la espera de lo que decidan las autoridades judiciales alemanas, que por el momento le impiden abandonar el país y le obligan a comparecer semanalmente ante la policía hasta que se resuelva su petición de entrega a España.
Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno español pueda instar o promover en el seno del Consejo de la UE alguna modificación sobre el funcionamiento de la euroorden, ha rechazado plantear cualquier posible cambio en caliente.
Méndez de Vigo ha subrayado que el Gobierno no extrae ninguna consecuencia de las decisiones de los jueces y se limita a seguir gestionando el día a día de Cataluña en virtud del mantenimiento del artículo 155 de la Constitución y dada la incapacidad del Parlament catalán para investir un presidente de la Generalitat.
El Ejecutivo español, ha insistido, no es responsable de la falta de un Gobierno nuevo en Cataluña, que está solo a expensas de que se presente un candidato dentro del "marco constitucional claro" establecido, que requiere que se trate de un candidato "presencial".
