La estructura de mando de los Mossos d'Esquadra bajo la dirección del mayor Josep Lluís Trapero corrigieron 11.000 actas del dispositivo que desplegó durante el referéndum ilegal del 1 de octubre para evitar ser acusados de "poco profesionales" a sabiendas de que la investigación judicial iniciada en la Audiencia Nacional podría señalarles por un delito de sedición.

Así se desprende del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, enviado por la Guardia Civil a la Audiencia Nacional en base al análisis de la cuenta oficial del correo electrónico de Trapero, que declaró en la Audiencia Nacional por última vez el 23 de febrero tras imputarle la juez Carmen Lamela un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el 1-O.

La juez, que también ha tomado declaración como testigo a Ferrán López, número dos de Trapero y jefe de los Mossos en aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha constatado la "total inactividad" de la policía autonómica ese día en base a un "plan premeditado para evitar actuar" contra el referéndum.

Según el informe de la Policía Judicial sobre el correo de Trapero, el 13 octubre se levantó un acta de una reunión de mandos en el complejo central de Egara en el que, tras la primera comparecencia del mayor Trapero en la Audiencia Nacional, reconocen que las actas del 1-O fueron "en su gran mayoría poco profesionales, carentes de información y que tenían que ser supervisadas"

"No poner facilidades"

Trapero intervino en aquella reunión para mandar un mensaje claro: "Tenemos que ser muy conscientes y tener muy presente que, con diez ejemplos de actos o vídeos de actuaciones poco rigurosas, desde la Guardia Civil y la Fiscalía construyen el delito de sedición. Hay que tener mucho cuidado en no poner facilidades".

Según el acta de aquella cita, el entonces máximo jefe de los Mossos pide personalmente no delegar la supervisión y controlar de forma exhaustiva la supervisión de la documentación sobre el dispositivo del 1-O a sabiendas, según la Guardia Civil, de que la investigación judicial revelaba que la actuación fue "poco creíble".

Los mandos hablan en aquella reunión del día 13 de octubre del "esfuerzo ingente que supone revisar más de 11.000 actas en las que se ha detectado una gran cantidad de estas con falta de supervisión, contenidos insuficientes, falta de información y algunas actitudes poco profesionales".

"Quieren hacer desaparecer el cuerpo"

Siempre de acuerdo al acta de aquella reunión intervenida por la Guardia Civil, la dirección de los Mossos era consciente doce días después del 1-O que su actuación sería "estrictamente escrutada por la judicatura".

La consigna era revisar todos esos vídeos en los que aparecían mossos transportando urnas, en algunos casos entre aplausos de los votantes del 1-O, y enviarlos a la División de Asuntos Internos si se comprobaba que había actuaciones que no se ajustaban a las instrucciones dadas, "a fin de determinar posibles responsabilidades disciplinarias, aparte de las que se pudieran derivar a nivel judicial".

El mensaje de la dirección policial de los Mossos fue: "Hay que tener mucho cuidado en no poner facilidades". En este sentido, se hace hincapié en que no se trata de atender a los problemas judiciales que se pueden derivar para los mandos, sino de evitar que el relato judicial pueda "anular" al Cuerpo de los Mossos.

"Nosotros no debemos tener ningún papel en el proceso. Debemos ser conscientes de lo que quieren, hacer desaparecer el COS (Cuerpo de Mossos). El miedo no nos puede vencer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo que queríamos hacer. No nos podemos permitir que dirijan nuestras actuaciones. Los mandos aquí presentes somos los motores y tenemos una gran responsabilidad", resumía el acta en catalán de la reunión del 13 de octubre.

Órdenes de dejar solos a policías y guardias civiles

Por otro lado, los mandos de los Mossos d'Esquadra también dieron órdenes a los agentes para que dejaran solos a los policías y guardias civiles si éstos actuaban en los puntos de votación el día del referéndum ilegal por la independencia celebrado el pasado 1 de octubre.

Así consta en el informe realizado por la Guardia Civil sobre los correos de Trapero. En él se precisa que los Mossos sabían que se iban a ocupar con antelación los colegios y que se podían formar "murallas humanas" y aun así, "no aceptaban el órgano de coordinación, no solicitaron apoyo a las FCSE" y no propusieron "medida alguna" para tratar de impedir el 1-O.

Según este informe, el Cuerpo de los Mossos d'Esquadra tenía información previa de los planes que iban a ejecutar los defensores del movimiento soberanista para asegurar la realización del referéndum ilegal como la ocupación de los centros o la creación de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR).

Así se recoge en un informe de valoración que el intendente Miquel Justo Medrano, de la Comisaría General de Información de los Mossos, remitió por e-mail el 27 de septiembre a Trapero. En él se dice que algunos dirigentes del movimiento independentista habían manifestado abiertamente que estar una hora antes de la apertura de los colegios electorales no sería suficiente para evitar que Guardia Civil, Policía y Mossos impidieran la celebración del referéndum.

Por ello, el intendente Miquel Justo afirmaba en ese correo para Trapero que era de suponer que los defensores del 1-O realizarían una movilización permanente ante los centros o dentro de éstos los días previos, ya que la Fiscalía había ordenado a los Mossos que los precintaran antes del 30 de septiembre. "Esta acción de defensa de los puntos de votación podría iniciarse la tarde-noche del 28 o durante el día 29", resumía el texto.

"Murallas humanas"

Además, en ese correo para el Mayor de los Mossos se añadía que estaba previsto que para el 1-O asistieran a la movilización personas de la izquierda abertzale y que, por lo que sabían, esas personas se desplazarían a Barcelona en autocares. Junto a ello, el Intendente precisaba que la estrategia a seguir por parte de los defensores del referéndum sería la de "poner en práctica dinámicas d'Askegune (murallas humanas) que podrían comportar incidentes".

Tras exponer pruebas del análisis que habían hecho los Mossos sobre la situación, La Guardia Civil hace constar en su informe para la juez que la policía autonómica catalana había hecho también un estudio sobre las necesidades humanas que conllevaría establecer cordones de seguridad en todos los centros de votación y que habían concluido que precisarían de 40.000 efectivos.

No pidieron ayuda ni tomaron medidas

La Guardia Civil recalca que, sin embargo, "a pesar de todo ello, (los Mossos) no aceptaban el órgano de coordinación, no solicitaron apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no propusieron en el ámbito de la coordinación o en el del propio Cuerpo medida alguna para tratar de impedir el referéndum".

Por el contrario, la Prefectura del Cuerpo de los Mossos dio "instrucciones verbales a los agentes" tal y como se recoge en uno de los correos enviado desde el sindicato USPAC al Mayor Trapero en el que se exponía que se habían cumplido "estrictamente sus órdenes" y que "todos sabían las órdenes que se habían dado en las comisarías el viernes 20 y el 30 de septiembre y si no lo sabían que preguntasen a sus jefes".