El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra el denominado 'procés', ha acordado este viernes mantener en prisión provisional y sin fianza al exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn, pese haber renunciado a su escaño como diputado en el Parlamento de Cataluña.

El magistrado instructor ha rechazado en un auto la petición de libertad que hizo el exconsejero en un escrito presentado el 12 de enero, un día después de declarar ante Llarena. Durante su comparecencia se desmarcó de la vía unilateral en el proceso independentista de Cataluña.

Llarena rechaza por segunda vez la excarcelación de Forn al considerar que, desde su posición como consejero de Interior, "aportó a la consecución de la segregación territorial" al supervisar un dispositivo policial del referéndum del 1 de octubre que el magistrado cuestiona por su "transgresión", ya que se ideó teniendo en cuenta el "eventual abandono de la obligación policial de garantizar el orden constitucional y legal".

El juez del Supremo entiende que la participación de Forn fue clave para la "inhibición" de los Mossos durante el 1-O, "logrando que la inactividad policial supusiera perder el último recurso con que cuenta el Estado para la aplicación forzosa del orden jurídico en una Comunidad Autónoma en la que las competencias de orden público están transferidas". El objetivo, dice, era "forzar al Estado a aceptar la independencia".

Forn renunció el pasado 23 de enero a su acta de diputado en el Parlament por su situación personal en la prisión madrileña de Estremera y, tal como dijo en la carta remitida a la Mesa de la cámara parlamentaria, adquirió "unos compromisos" con el alto tribunal que podrían "representar una contradicción" con su grupo parlamentario, Junts per Catalunya.

No descarta que vuelva al Gobierno

El juez instructor no ha dado credibilidad al ex responsable del Interior en Cataluña ya que, según explica en su auto, su condición de investigado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos no parte de haber ostentado una condición de diputado, sino de haber desplegado "una responsabilidad ejecutiva y de gobierno" que no descarta que vuelva a tener.

Asimismo, el magistrado hace una alusión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont --huido en Bruselas (Bélgica)-- al destacar que Forn y él tienen la misma "ideología" que resume en el objetivo final de alcanzar la independencia de Cataluña. En este punto cita también al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, investigado en la Audiencia Nacional.

Apoyándose en la declaración ayer como testigo del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo del 1-O, el juez Llarena recuerda que en la Junta de Seguridad del 28 de octubre el propio Forn "adelantó la imposibilidad de cumplir el mandato judicial" por el deseo de la Generalitat de "evitar un conflicto de masas de ciudadanos".

En aquella reunión, señala el juez, Forn se alineó con otros participantes, entre ellos Carles Puigdemont, "formalizando su voluntad de cumplir las decisiones judiciales" contrarias a celebrar el 1-O pero al mismo tiempo "buscando la tolerancia de la votación, lo que resultaba plenamente coherente con la peculiaridad de que fueran ellos mismos quienes convocaban el acto ilegal que había que impedir".

"Todo ello", añade el magistrado del Supremo, "en perfecta sintonía con la posición que siempre sostuvo el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero Álvarez".

Referencia al contexto político

Su ideología coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia de Cataluña. "Esta última actitud es la que sostiene quien otorgó en su día la confianza al señor Forn para que fuera Consejero de Interior, y que encabezó la lista electoral en la que el investigado decidió integrarse hace escasas semanas", prosigue el magistrado en alusión a Puigdemont.

Llarena ha tenido en cuenta las declaraciones como testigos de los exconsejeros cesados por el expresidente Carles Puigdemont, Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget; la del exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle; y la del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que han tenido lugar esta semana.

Al respecto, el magistrado subraya que hasta lo que se lleva instruido se ha podido confirmar la eventual responsabilidad del exconsejero del Interior en la "inacción de los 17.000 agentes" de la policía autonómica que estaban a su cargo ante la convocatoria del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Ha otorgado especial importancia al testimonio del Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial para el 1-O, que describió, según el juez, una actuación policial contraria al cumplimiento de la orden de impedir la celebración de la consulta ilegal. La actuación de Forn estuvo siempre "orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia".

Destaca que Pérez de los Cobos compartió su "convencimiento" de que la Consejería dirigida por Forn "interpretó con diferente criterio" la obligación de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas a las fuerzas policiales de impedir la votación sin perjudicar la convivencia ciudadana. "El respeto de la convivencia se utilizó como pretexto para impulsar la inacción policial e incumplir la orden judicial", apostilla Llarena.

El auto concluye que, en este momento de la instrucción, existe un conjunto de elementos que apunta a que desde el poder político ejercido por Forn se aprovechó el dominio orgánico y funcional sobre el cuerpo de agentes para conducir las actuaciones policiales al éxito de referéndum, en vez de al cumplimiento de las muchas resoluciones judiciales dictadas para salvaguardar el orden constitucional y legal.

Enfocats y agenda de Jové

Recuerda, además, que es "sintomático" que su nombramiento como responsable de Interior se produjese tras una crisis de gobierno propiciada por el rechazo de algunos exmiembros del Govern de seguir una estrategia unilateral de Cataluña, tal y como explicaron los consejeros cesados en julio del año pasado en sus comparecencias como testigos.

El magistrado también apunta que su evaluación del riesgo de reiteración delictiva es "divergente" en comparación a la exposición que hizo Forn en su escrito contra la prisión. Afirma el juez que el investigado, "en expresión de su legítima libertad ideológica", tiene un ideario soberanista, "constitucionalmente válido", que hace que mantenga la posibilidad de reiteración delictiva que "resultaría absurda" si tuviese una ideología contraria.

Por último, el juez también hace mención a la hoja de ruta del independentismo plasmado en el documento 'Enfocats' y a la agenda Moleskine con apuntes relacionados con el 'procés', incautadas al 'número dos' del exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, Josep María Jové.

Dice que aunque ninguna de las personas que han comparecido ante él ha reconocido conocer este plan, "lo cierto es que su contenido se ve empíricamente refrendado por prever una serie de actuaciones y acontecimientos ya confirmados". "Un documento en el que se hace referencia expresa a la necesidad de que los Mossos d'Esquadra no perjudicaran el desarrollo del plan soberanista, lo que exigía que no atendieran las órdenes judiciales que pudieran dictarse", precisa el auto.