Los dos escritos que ha presentado JxCat este viernes ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para paralizar el recurso del Gobierno central contra la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat alegan que éste no ha descartado acudir al pleno del Parlament del martes.

JxCat asegura que Puigdemont aún contempla viajar hasta Barcelona para someterse a la investidura, por lo que esta circunstancia debería servir para suspender de forma cautelar el recurso que el Gobierno central ha presentado este viernes contra el candidato de JxCat.

En ambos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, los diputados de JxCat subrayan que el Gobierno alega que Puigdemont no estará presente en la sesión, pero "tal deducción carece de toda certeza".

"El candidato propuesto ha efectuado diversas declaraciones en las que no descarta comparecer personalmente en el Pleno convocado", explican, y recuerdan que Puigdemont incluso renunció a delegar su voto.

La demanda, firmada por el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, concluye: "No puede concluirse que la sesión de investidura finalmente se celebre sin la presencia del candidato en el hemiciclo, por lo que cualquier impugnación basada en tal conclusión gratuita debe ser considerada preventiva y no puede constituir fundamento suficiente".

Los diputados también defienden que el recurso del Gobierno "vulnera el ius in officium de que son titulares los diputados al Parlament, puesto que les niega el derecho de participar" en la sesión de investidura de la forma prevista por el Reglamento de la cámara.

"Resulta palmario que la eventual admisión a trámite del recurso y la automática suspensión del acto conllevaría la afectación directa" de dichos derechos, alertan.

Derecho a ser escuchados

En el recurso ante el TC, los diputados señalan específicamente que la suspensión del pleno --si se admite a trámite el recurso del Gobierno-- se produciría sin que los diputados afectados hayan "tenido ocasión de ser escuchados en el proceso, así pues, con total ausencia de

contradicción y de respeto al principio de igualdad de partes".

Por ello, piden al TC que les otorgue plazo de alegaciones "a fin de ser escuchados con carácter previo" a la adopción de una decisión en relación a la suspensión.

Defienden que la impugnación y subsiguiente suspensión "constituye un abuso de derecho por parte del Presidente del Gobierno del Estado, que incurre en una manifiesta desviación de poder al utilizar ese privilegio procesal para finalidades preventivas y ajenas al objeto propio del control de constitucionalidad del acto recurrido, y de forma desproporcionada para impedir, sin motivarlo, la propuesta del presidente del Parlament de candidato a presidente de la Generalitat".

Y añaden que el recurso del Gobierno es un "fraude de ley" basado en un abuso procesal que vulnera los derechos de los diputados y de los ciudadanos que les han elegido.