El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha criticado la "absoluta pasividad" y "nula colaboración" de los Mossos d'Esquadra para dar cumplimiento al mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre, en el que, según sus datos, en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que personas censadas.

El titular de Interior ha señalado que la operación policial el 1 de octubre fue "legítima, profesional y proporcional" y ha revelado que el coste total de las operciones de las fuerzas de seguridad durante el 'procés fue de 87 millones de euros.

Además, ha destacado en su comparecencia en el Senado que durante el referéndum ilegal las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales "que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron" a pesar de la actuación de los comités de defensa del referéndum y de una "resistencia pasiva organizada".

"Una resistencia pasiva organizada que, en la mayoría de las ocasiones, obligó a una intervención laboriosa y, en algunos casos, derivó en una mayor virulencia de las personas parapetadas, especialmente una vez la fuerza actuante se preparaba para abandonar el lugar", ha señalado, denunciando la "organización y complicidad" de los organizadores, con la connivencia de las patrullas de los Mossos.

La actitud de los mossos el 1-0 fue de "absoluta pasividad" y "nula colaboración" ante la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil y, según Zoido, se ha podido constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas "una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías". También ha lamentado "como el que más" los heridos, aunque ha culpado a los impulsores del 1-O.

Fue esto lo que, según su relato, provocó "en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar". "Un elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho.

87 millones de euros

Zoido, además, ha revelado que el "ataque desleal" a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont, "con una desobediencia clamorosa" y con "absoluta pasividad" de los Mossos d'Esquadra el 1-O, generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.

La cantidad incluiría los gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades. A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el "impacto de la desaceleración" económica en Cataluña.

"A Cataluña se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta", ha asegurado Zoido, "porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas". Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.

Zoido ha calificado de "muy importante" la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, "otro alto coste", ha dicho, "que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña".

"Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras", ha señalado.