El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado 'procés', ha citado a declarar el próximo 1 de febrero al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y, entre el 30 y 31 de enero, a los exconsejeros del Gobierno de Cataluña que dimitieron Jordi Jané, Neus Munté, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget, todos ellos en calidad de testigos, además de al exdirector de los Mossos de Esquadra Alber Batlle.

En una providencia con fecha del 9 de enero de 2018, el magistrado también ha citado al exdirector general de la policía catalana Albert Batlle. Los primeros en testificar serán Jané, Munté --exconsejera de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña-- y Ruiz, que lo harán el 30 de enero a partir de las 10.45 horas.

Un día después lo harán Jordi Baiget y Batlle y el 1 de febrero concluirá la ronda de declaraciones el coronel del Instituto Armado, que asumió la coordinación de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil con el objetivo de mantener el orden público en las actuaciones relacionadas con la organización del 1-O.

Los cuatro exconsejeros catalanes --miembros del PDeCAT-- y el exdirector general de los Mossos dimitieron el pasado mes de julio tras la remodelación que emprendió Carles Puigedmont en su equipo de gobierno para reafirmar el compromiso del Gobierno catalán con la celebración del referéndum.

La agenda del 'procés'

El juez Llarena también acuerda pedir al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los hechos relacionados con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre, la copia de la agenda incautada en el domicilio de Josep Maria Jove, 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras --en prisión incondicional, investigado por los hechos relacionados con el proceso independentista--.

En la llamada 'agenda del procés', Jove recogió entre febrero de 2015 hasta noviembre de 2016 numerosas indicaciones manuscritas sobre conversaciones entre los miembros del exejecutivo catalán y su estrategia a seguir en el proceso de desconexión.

Otra de las diligencias que el juez del Supremo pide a su colega de Barcelona son los testimonios del contenido de dos llamadas telefónicas. Se trata de las mantenidas entre Jove y Oriol Soler y Carles Viver y Margarita Gil.

Declaraciones de investigados en la causa

Por último, Llarena también requiere a la Guardia Civil que aporte elementos objetivos para acreditar una serie de declaraciones atribuidas a diferentes exdirigentes de la Generalitat como su expresidente Carles Puigdemont, y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull; y a los líderes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Entre estas declaraciones se encuentran las emitidas por Sànchez en la Diada de 2015 y por éste, Puigdemont y Cuixart en la misma manifestación de un año después. Otra de ellas es en la que Forn hizo referencia a que "no habría colisión entre cuerpos policiales, si el proceso de independencia era pacífico".

Sobre Puigdemont también quiere conocer las palabras emitidas sobre "cuál era la lógica de actuación policial para el supuesto de que millones de personas intentando votar el 1 de octubre".

El juez instructor pide, además, las que se atribuyen al director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, sobre que "las fuerzas de seguridad tienen como objetivo garantizar los derechos y no impedir su ejercicio".

Transferencias de la 'embajada' catalana en Bruselas

Todo ello, además de la solicitud a la Guardia Civil para que investigue tres transferencias bancarias relacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la "Delegación de Catalunya Davant la Unió Europea" en Bruselas en una sucursal del BBVA en la capital belga.

En concreto, el juez solicita que se averigüe la posible relación de las tres transferencias realizadas por la 'embajada' catalana en Bruselas, los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2017, con el Acuerdo de la Comisión Delegada del Govern para los Asuntos Económicos del 15 de septiembre con la que se fijaba el control de los gastos de Cataluña.

Dos de esas transferencias por valor de casi 120.000 euros fueron dirigidas al Centro holandés que envió observadores para el referéndum ilegal del 1 de Octubre, The Hague Centre for Strategic Studies.

En este sentido, pide que se identifique el "ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos" y el uso de casi 140.000 euros. La providencia especifica que se rastreen las transferencias de 58.250 euros y 61.450 euros destinadas a The Hague Centre for Strategic Studies y otros 20.000 euros que se destinaron a la Delegación catalana en Croacia.