La Fiscalía ha solicitado entre sus cuestiones previas en el caso de los ERE la "delimitación objetiva" del procedimiento judicial en cuestión para evitar "duplicidades", "indefensión" o cualquier causa de "nulidad".
La solicitud se produce en el marco del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.
El Ministerio Público ha planteado más de una decena de cuestiones previas, desde la subsanación de determinados "errores" materiales en las transcripciones a la petición de nuevas testificales "de relevancia" para los hechos que se juzgan o que se de traslado de todo lo decidido o actuado en la sala a los peritos de la Administración General del Estado, para que incorporen lo que crean oportuno a los informes periciales que los mismos habrán de defender en este juicio.
Igualmente, la Fiscalía ha impugnado la comparecencia como testigos de dos miembros del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, avisando de que representan a la Administración andaluza en la acusación que ejerce en otras diligencias judiciales relacionadas con los hechos, pues no olvidemos que la causa original de los ERE fue inicialmente dividida en seis piezas, y además "no consta que hayan tenido ninguna intervención profesional" en los acontecimientos elevados a juicio.
Pero sobre todo, la Fiscalía ha solicitado a la sala un "pronunciamiento expreso sobre la delimitación objetiva" del procedimiento judicial en sí para impedir posibles "duplicidades", "indefensiones" o cualquier causa de "nulidad".
La Fiscalía, en ese sentido, ha recordado que allá por 2015, el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido ya entonces por María Núñez, acordó dividir la investigación de los hechos dejando como pieza matriz la causa original de 2011 sobre los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y desgajando de esta matriz otras seis piezas, entre ellas la correspondiente al procedimiento específico por el que fueron otorgadas las subvenciones.
En ese sentido, la Fiscalía ha avisado de que las defensas de algunos de los investigados en varias de las piezas separadas han solicitado el "sobreseimiento parcial subjetivo" de tales diligencias respecto a sus patrocinados, al figurar ya los mismos en la actual causa del procedimiento específico y afrontar un posible "doble enjuiciamiento" dadas las hipotéticas coincidencias en la "identidad de los hechos" investigados.
Es más, el Ministerio Público incluso ha alertado de que la juez María Núñez Bolaños y la propia sección Séptima de la Audiencia Provincial, en la que ejerce actualmente la juez Mercedes Alaya, instructora inicial del caso, habrían incurrido en "diferencia de criterios" a la hora de resolver cada una de las citadas peticiones de "sobreseimiento parcial subjetivo".Las piezas aún abiertas
Del mismo modo, la Fiscalía ha recordado que más allá del juicio que se celebra respecto a la pieza del procedimiento específico de los ERE, sólo cuatro de las restantes piezas separadas cuentan con auto de procedimiento abreviado y de ellas, sólo tres están listas para que arranquen sus respectivas vistas orales.
"Esta causa no debe verse afectada por resoluciones de otras diligencias", ha alertado la Fiscalía, exponiendo que si finalmente la sala se "siente vinculada" al devenir de las restantes piezas de los ERE, entonces habría que "incorporar" al juicio múltiples pruebas documentales o testificales de las diligencias relativas a cada una de las ayudas sociolaborales investigadas por separado, que se elevarían a unas 260.
Ante esta petición, el abogado del ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, ha avisado de la "disyuntiva" planteada por la Fiscalía, reclamando a la sala "una solución" e incluso la suspensión de la sesión si procediese, dadas consecuencias de esta solicitud a la hora del planteamiento de las cuesiones previas".
El presidente del tribunal, no obstante, ha defendido que "el objeto del procedimiento sí está delimitado" como tal en el correspondiente auto de procedimiento abreviado, los escritos de acusación y el auto de apertura de juicio oral, desechando la idea de suspender la sesión para "valorar" cualquier modificación que hubiese en las cuestiones previas, una vez sea resuelta esta petición de la Fiscalía.
