El Gobierno andaluz ratificará este martes el acuerdo alcanzado este lunes entre la Junta y los sindicatos para elevar la jornada en la administración de 35 a 37,5 horas semanales, de las que 35 serán presenciales y se completarán con media hora diaria no presencial en formación y preparación de tareas.

A este acuerdo han llegado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con la UGT, CC.OO. y la CSIF en la Mesa General de la Función Pública, y con el que se acata la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la jornada laboral de 35 horas semanales en la administración andaluza.

En rueda de prensa tras la reunión, la consejera ha afirmado que no cree que el Gobierno vaya a recurrir este acuerdo, que cuando lo apruebe el Ejecutivo autonómico adquiere rango de decreto, porque la Junta ejerce sus competencias para la organización de la jornada de los empleados públicos.

Los representantes sindicales han considerado que los acuerdos de este lunes suponen una medida "transitoria" hasta que el Gobierno devuelva el derecho de los empleados públicos andaluces a trabajar 35 horas semanales, una medida que se aplica desde 1999 y que suspendió el Ejecutivo en el 2012 por la crisis y restituyó la Junta en el 2017.

La consejera ha explicado que hasta ahora el tiempo dedicado por los empleados públicos a formación y a tareas de preparación y organización de su actividad no computaban en su jornada laboral y a partir de ahora lo harán para completar las 37,5 horas semanales y acatar de esa forma la sentencia del Constitucional.

Montero ha alegado que la Junta tiene competencias para organizar la jornada laboral de sus empleados públicos y ha defendido los beneficios que supone la flexibilidad horaria para la conciliación laboral y familiar.

Ha garantizado que no se destruirán los aproximadamente 7.000 empleos creados en el sector público andaluz desde que en enero del 2017 se restituyó la jornada laboral de 35 horas semanales ni tampoco se van a cambiar horarios ni planillas.

La consejera ha incidido en que nunca ha habido igualdad de jornada en la función pública en España y, por tanto, "no hay quiebra de trato" como alega el Gobierno, al que ha acusado de querer convertir medidas transitorias derivadas de la crisis en definitivas.

Los representantes de UGT, Antonio Tirado; de CC.OO., Agustín de la Cruz, y de la CSIF, José Luis Heredia, han asegurado que no hay burla a la sentencia ni insumisión con este acuerdo, con el que se acata la decisión del Constitucional y se evita el despido de más de 7.000 trabajadores.