Las últimas agresiones a vigilantes de seguridad que desempeñan su trabajo en ciudades como Madrid o Barcelona han llevado a este colectivo, a través de sus representantes sindicales, a exigir que se les considere agentes de la autoridad y se les faciliten más medidos de autoprotección.

El pasado fin de semana un vigilante de seguridad del Estadio Wanda Metropolitano perdió un ojo tras ser golpeado por un hombre que quiso entrar cuando el partido ya estaba comenzado y no atendió a las explicaciones del trabajador, golpeándole tan fuerte que perdió el globo ocular.

Esta agresión se suma a otras dos ocurridas a finales de octubre: una en Madrid, concretamente en la estación de Cercanías de Nuevos Ministerios, donde un hombre golpeó repetidamente a un vigilante que le pedía que pagase, hasta que la víctima fue socorrida por una chica y luego por más compañeros y policías que lograron reducir a un hombre totalmente exaltado.

La otra fue en Barcelona, donde varios pasajeros de Metro de Barcelona agredieron a tres vigilantes de seguridad, que sufrieron lesiones de diversa consideración, al intentar calmarles cuando estaban provocando alborotos en el interior de un convoy de la línea 5.

UGT ha denunciado en un comunicado que en las últimas semanas el colectivo de vigilantes de seguridad privada "ha sufrido un número considerable de agresiones en el desempeño de sus funciones", que condenan enérgicamente y ante las que muestran su apoyo.

El responsable de Seguridad Privada en UGT, Diego Giráldez, ha explicado a Efe que defenderán que en el nuevo Reglamento de Seguridad Privada, que ultima el Gobierno, se les dote de mayor cobertura legal y se conceda automáticamente carácter de agente de autoridad a estos profesionales en el desempeño de sus funciones, como ocurría hasta 1992.

Partiendo de la base de que esta profesión conlleva riesgos, UGT considera que no es de recibo que no tengan consideración de agentes de la autoridad si son auxiliares de la autoridad pública en una situación de alerta 4 de nivel antiterrorista.

"Las agresiones que recibimos no pueden quedar en una simple y mera falta, en una condena leve por agresión. El agredir a un agente de autoridad es un delito que conlleva penas de uno a cuatro años de prisión; hay que tener presente que la Ley de Seguridad Privada obliga a los vigilante a intervenir ante cualquier circunstancia que infrinja las leyes en sus puestos de trabajo", ha añadido.