La Fiscalía belga se ha mostrado este viernes de acuerdo con la entrega a España del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según ha manifestado uno de los abogados de los cinco, Christophe Marchand.

"La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español", ha explicado el letrado, que forma parte del equipo de once abogados de los exmandatarios catalanes, al término de la primera audiencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia).

El Ministerio Público ha considerado que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por funcionarios", según ha adelantado la defensa de los requeridos.

Tras una audiencia que el letrado ha calificado de "serena", y en la que se han escuchado únicamente los argumentos de la Fiscalía de Bruselas, tanto Puigdemont como los cuatro exconsejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.

Sesión a puerta cerrada

La sesión se ha celebrada a puerta cerrada y ha contado con la presencia de un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.

La vista ha comenzado en torno a las 14:00 horas y ha durado alrededor de una hora, cuando el equipo de abogados belgas de Puigdemont y sus exconsellers ha comparecido ante los medios, pasadas las 15:15 horas.

Tanto Puigdemont como Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín han eludido en todo el momento el contacto con la prensa. Los reclamados y su equipo de abogados han llegado al órgano judicial sin ser vistos por la gran parte de los periodistas que les aguardaban dentro del edificio que alberga este tribunal, que dispone de más de una decena de entradas.

Puigdemont y los exconsejeros accedieron al tribunal en automóvil y penetraron en el parking del edificio, desde donde se dirigieron a la sala donde se celebrará la vista, en la que también están presentes los abogados de los acusados y un intérprete, pues la instrucción se ha desarrollado en neerlandés. Los acusados han declarado uno a uno y en compañía de sus abogados y no de forma conjunta.

La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).

Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

Informe sobre las cárceles españolas

El Ministerio Público belga pidió a la jueza de la Audiencia Nacional información sobre el sistema penitenciario y judicial español.

Instituciones Penitenciarias envió este jueves un documento de 15 páginas con fotografías de las celdas y respuestas detalladas a las 14 preguntas de la Fiscalía belga.

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España no estará presente en todo el proceso como acusación particular y sólo hay dos partes, los acusados y la Fiscalía belga, aunque el Ministerio Público belga está en contacto con la Fiscalía española.

Los abogados han basado su defensa en el argumento de que los cinco acusados se someterían en España a un juicio político, no penal, y pondrán en duda que los delitos que se les atribuyen entren dentro de las 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro.