La Generalitat de Cataluña tenía prevista la creación de 14 estructuras de Estado para la nueva República y entre ellas estaba, además de la Hacienda propia, un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores y hasta contemplaba la posibilidad de un Ministerio de Defensa. Pero eran conscientes de que la declaración de independencia podía llevar a la intervención de la autonomía por parte del Estado y por ello, tenían planes para el caso de que eso sucediera.

Para esa situación habían previsto en un primer momento recortes de gastos, retrasar el pago a los proveedores, cobrar impuestos a todas las empresas, emitir bonos patrióticos y no pagar al Estado. Además, querían controlar los aeropuertos, los puertos, las centrales nucleares y gestionar las aduanas.

Los documentos con todos estos planes fueron incautados por la Guardia Civil en el Despacho del secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, uno de los hombres de confianza del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el pasado 20 de septiembre, cuando se produjo su detención y la de otros trece cargos de la Generalitat encargados de organizar el referéndum del 1 de octubre.

El responsable de Hacienda en Cataluña había previsto incluso cómo lograr los datos tributarios, ya que la Guardia Civil halló en su casa un dossier con la inscripción "Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria", así como el plan de "despliegue" del proyecto de la Hacienda catalana, un informe sobre la estructura organizativa de la misma y otro sobre el "Catastro de Cataluña en el momento de la desconexión".

También preveían la posible intervención de la autonomía por parte del Estado que calificaban de "escenario de guerrilla" o "escenario de guerra" en función del alcance que tuviera el mismo, como se explica en un documento manuscrito que envió Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, a Lluís Salvadó y que fue encontrado en el despacho de este último.

En otro documento titulado "Actuaciones y medidas en el escenario del dos de octubre", exponían que "el éxito tendrá mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Cataluña" y sobre "los comportamientos de los ciudadanos y las instituciones".

En este caso, consideran básico controlar las "infraestructuras críticas" como el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona y Tarragona, las centrales nucleares o la gestión de las aduanas "entre otros elementos que no sólo impactan sobre la viabilidad del despliegue de la nueva República, sino que también lo hacen sobre la estabilidad y la viabilidad del Estado español".

Precisamente esto último es lo que querían poner sobre el tablero de para forzar una negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, avisaban de que la "falta de colaboración/cooperación entre ambos actores puede generar una cadena de serios problemas en este ámbito con potencial contagio del resto del sistema económico y financiero europeo e internacional".