¿Obedecer a Madrid o seguir leales al Govern de la Generalitat? La espiral independentista en Cataluña está dividiendo a los Mossos d'Esquadra, cuyo control anhelan tanto Barcelona como Madrid para imponer sus órdenes. «La tensión es máxima. Hay mucho miedo y mucha ansiedad en todo el cuerpo, más allá de si quieren la independencia o no la quieren como es mi caso», explica a la AFP Vicente (nombre falso), un agente en Barcelona de los Mossos d'Esquadra.
Este cuerpo policial se encuentra en el medio del pulso entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el destituido Govern de Cataluña, cuyo parlamento proclamó el pasado viernes la constitución de una República independiente. El Gobierno central reaccionó rápidamente destituyendo a Carles Puigdemont y todos sus consellers, disolviendo el Parlament y cesando también al director delos Mossos y su máximo mando. Y ahora, los alrededor de 16.000 agentes de este cuerpo se encuentran a la expectativa de qué órdenes deberán seguir: las recibidas desde Madrid o las del hipotético Govern de la república proclamada el viernes y no reconocida por ningún país.
Igual que la sociedad catalana, «el cuerpo está dividido a partes iguales: unos están encantados de que Madrid tome el control y otros lo ven con inquietud y rechazo», explica Manel (nombre falso), con más de diez años de experiencia en la unidad de seguridad ciudadana. «El ambiente es difícil. Hay discusiones, gritos, situaciones muy tensas entre compañeros», dice Vicente.
Importancia​ estratégica
Este cuerpo policial, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, fue refundado en el año 1983 en pleno proceso de recuperación del autogobierno catalán suprimido durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) y es una de las joyas de la corona de la autonomía de la comunidad, gozando de plenas competencias en materia de orden público. Por ello, controlarlo es vital para el Gobierno central, que apenas cuenta con 6.000 agentes de sus cuerpos policiales desplegados en Cataluña. Su importancia quedó patente en el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional del 1 de octubre, cuando evitaron cargar contra los votantes congregados para proteger los colegios electorales y posibilitar así la consulta soberanista.
La intervención, en ocasiones violenta, corrió finalmente a cargo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, dependientes del Ministerio de Interior, que había enviado 10.000 refuerzos. «Se hizo un dispositivo fraudulento para que no pudiéramos hacer nuestro trabajo. A muchos compañeros antidisturbios se les dio el día libre», denuncia Vicente. «Muchos de nosotros nos sentimos avergonzados», añade.
Trapero, en el ojo del hur​acán
Las principales críticas se dirigen al desde el sábado exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, alabado por su gestión durante los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en agosto pero acusado de ser próximo a los dirigentes políticos independentistas que gobiernan en la Generalitat. Investigado por sedición, fue destituido de su cargo por el ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido horas después de concretarse la intervención de Cataluña, que también conllevó el cese del director político de la policía catalana, Pere Soler.
Ahora será el Ministerio del Interior quien asuma la gestión del cuerpo y su actuación en las próximas semanas, en las que los independentistas llaman a la resistencia para defender la recién proclamada república y para impedir el control de Rajoy y sus ministros desde Madrid.
En una circular interna, los mandos policiales llamaron ayer a la neutralidad de los agentes y ante el previsible incremento de movilizaciones les piden evitar que haya incidentes.
Temor a la orden ​de cargar
Pero entre los agentes del cuerpo, crece la preocupación por verse obligados a cargar contra manifestantes como pasó con los policías nacionales y los guardias civiles el 1 de octubre.
«A la mayor parte de los agentes no les afectará, pero quien notará más el impacto serán los antidisturbios. A lo mejor donde antes decían 'aguantad', ahora les dirán 'cargad'», explica bajo anonimato un mando intermedio. «Si empieza a haber órdenes extremas para enfrentar a los Mossos contra la población, muchos agentes tendrán dudas de si aplicarlas o no», explica Manel.
Pero esto puede implicarles sanciones salariales, inhabilitaciones o incluso condenas penales, por lo que el sindicato mayoritario del cuerpo recomienda seguir las indicaciones recibidas.
«La desobediencia a las leyes no es nunca una opción para la policía. No tenemos margen para desobedecer las leyes porque entonces no podemos exigir al resto de los ciudadanos que las cumplan», afirma Valentín Anadón, secretario general del sindicato SAP-FEPOL.
«Al final los compañeros acatarán», asegura Vicente. «Incluso los que son muy independentistas, si tocan su salario o su trabajo, tienes mujer e hijos, a la hora de la verdad no tienes otra que obedecer».
