Una cosa es vivir en una república independiente y otra muy distinta renunciar a un escaño en la capital de un país extranjero. Después de todo ese es el caso de los eurodiputados. Casi. Los salarios realmente no comparan.
Lo cierto es que los dos partidos que conforman la coalición de Junts pel Sí (JxSí) mantienen 33 representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y parece que mantendrán sus puestos.
Esquera Republicana de Catalunya tiene nueve diputados y doce senadores. El Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) tiene ocho diputados y cuatro senadores. Los representantes de la fuerza independentista mayoritaria accedieron a sus escaños en Madrid en las elecciones generales de junio de 2016
Todos ellos disfrutan de un salario base que asciende a 2.843 euros brutos al mes y que reciben puntualmente 14 veces al año.
Residencia
Ninguno de los representantes de las fuerzas independentistas reside en Madrid. Sólo faltaba. Ya es bastante fastidioso desplazarse en el tren de alta velocidad, gratis, a la capital de ese reino que tanto les maltrata. De modo que todos ellos disfrutan de un complemento mensual de 1.842 euros al mes.
Si además se ven obligados a participar en comisiones parlamentarias, pueden recibir complementos que ascienden a un máximo de 1.056 euros al mes.
El grupo de Ciudadanos, que encabeza Albert Rivera, ya ha solicitado que todos los diputados y senadores vinculados a los dos partidos independentistas sean sancionados.
Rivera, que también es catalán pero lo más alejado de un independentista, argumentó que sus señorías vinculadas a ERC y PDeCAT habían dejado de acudir regularmente a los plenos tanto en el Congreso como en el Senado.
Es cierto. Desde el pasado 19 de septiembre los diputados independentistas sólo han acudido a las sesiones de control, en las que pueden debatir cara a cara con los miembros del Gobierno central. Estocadas verbales al enemigo represor.
La propuesta de Rivera se iba a votar la semana pasada, pero no parecía el momento más oportuno. Todavía no se había proclamado la república catalana y en Madrid parecía que aún había espacio para evitar la intervención del Gobierno central en Cataluña. Semejante votación habría representado otro golpe más del Estado represor a los díscolos catalanes y sólo habría enardecido más los ánimos.
La Mesa del Congreso optó por la diplomacia y solicitó un informe a los letrados antes de incorporar el asunto al orden del día correspondiente.
Ciudadanos, que no hacía más que empujar para que Mariano Rajoy asumiera las riendas del autogobierno catalán, proponía interpretar a rajatabla el reglamento del Congreso, cuyo artículo 99 establece que los diputados que dejen de asistir a los plenos de forma «reiterada y notoria» pueden ser sancionados.
En el caso de ERC el castigo propuesto por Rivera incluía retirar a los independentistas la asignación por disponer de un grupo parlamentario propia. Una subvención que suma 8.700 euros mensuales para el conjunto del grupo.
En el Senado, Ciudada nos invocó el artículo 23 del correspondiente reglamento. «El Senador que reiteradamente dejare de asistir a las sesiones, sin haber obtenido licencia de la Mesa, podrá ser privado de su asignación, por uno o más meses, a propuesta de la Presidencia y por acuerdo de la Cámara tomado en sesión secreta».
El mismo artículo 23 establece que los senadores reciben tratamiento de excelencia «que conservarán con carácter vitalicio».
Lo más curioso es que los interpelados no se dan por aludidos. Desde ERC apenas han deslizado que ellos se deben al Parlament de Catalunya y al Govern que surgió de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. El primero está disuelto. El segundo, intervenido.
En el PDeCAT no han tenido tiempo de plantearse el asunto. Tal vez lo aborden en una ejecutiva convocada mañana.
En cualquier caso, los senadores independentistas nunca perderán el privilegio de ser tratados como excelencias.
