El Gobierno va a plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de ejecución de sentencia en el que pide la nulidad de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán. El Consejo de Ministros aprobó la presentación de ese incidente en la reunión que mantuvo ayer por la tarde antes de aprobar las medidas excepcionales en aplicación del artículo 155, incluida la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
El TC ya se ha había reunido antes para admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el PSC contra la celebración del pleno del Parlament para votar la independencia y ha dado al fiscal y al Parlament tres días antes de dejar sin efecto dicha votación, desarrollada en la sesión de ayer.
El Tribunal Constitucional, tras el recurso de amparo presentado por el PSC contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar la propuesta de resolución de JxSi y CUP -para que el Pleno de la Cámara autonómica debatiera y votara la declaración unilateral de independencia (DUI)-, rechaza por el momento dejar en suspenso los efectos de dicha declaración aunque da tres días a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronuncie al respecto.
La decisión, adoptada por tres magistrados del tribunal de garantías, que son los integran una sección de Sala del Tribunal Constitucional, desestima también la medida cautelarísima en lo referente a la suspensión de la celebración del Pleno del Parlamento catalán por «carecer sobrevenidamente de objeto», ya que a la hora de resolverse esta cuestión el Pleno ya había concluido.
En cuanto a la petición de suspensión cautelar de los eventuales efectos que pudieran tener los acuerdos recurridos, el Tribunal acuerda abrir una pieza separada y concede al fiscal y demás partes personadas un plazo de tres días para que se pronuncien.
La suspensión cautelar había sido solicitada mientras el TC resuelve sobre el fondo y analiza si el acuerdo de los parlamentarios se declara nulo por inconstitucional, algo que previsiblemente terminará ocurriendo al entenderse que una votación sobre este tema «carece de cualquier valor ni efecto», según fuentes de este órgano. Los magistrados que integraban esta sección se han reunido pese a estar todos ellos presentes desde ayer en Sevilla con ocasión del I encuentro de los tribunales constitucionales de España, Italia y Portugal y del Consejo constitucional de Francia.
La propuesta de la Mesa qdebatida en el Parlament, según señalaba el PSC en su recurso «vulnera prácticamente todo el título preliminar de la Constitución: el principio democrático, el Estado de Derecho y el sometimiento de ciudadanos y poderes públicos» a la ley, y es radicalmente incompatible con el Estatut.
Recuerdan también que el Pleno que el 6 y 7 de septiembre aprobó la Ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica, suspendida y la primera incluso ya declarada inconstitucional por el tribunal de garantías y a las que el Govern se acogió para organizar un referéndum el 1 de octubre. También explican que tanto el presidente del Govern como los miembros de la Mesa del Parlament han sido avisados en varias ocasiones tanto por el Gobierno central como por el TC de que no debían impulsar iniciativas inconstitucionales como una declaración de independencia.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, por su parte, ha apelado a la «recíproca lealtad constitucional entre todas las partes constitutivas de España» ya que ha defendido que «sin Carta Magna los derechos de los ciudadanos quedan a la intemperie, sometidos al arbitrio del azar».
