La Guardia Civil ha aportado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un nuevo y voluminoso informe -de más de 300 páginas y con multitud de archivos audiovisuales- sobre los sucesos de los pasados 20 y 22 de septiembre en Barcelona y que incluyen hechos que llegan hasta el referéndum del 1-O. En este atestado estarían implicados el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes la ANC, Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que han comparecido en este órgano judicial.
Hasta en dos ocasiones los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira han solicitado a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 la suspensión de las declaraciones previstas para este viernes, a fin de que tanto ellos como las defensas pudieran estudiar este nuevo informe y, a la vista del mismo, vuelvan a ser citados, han señalado fuentes jurídicas.
Aún se desconoce la fecha de esas nuevas citaciones, si bien será entonces cuando se decida si se solicita para ellos alguna medida cautelar, que podría ir desde la entrega del pasaporte a comparecencias e incluso prisión.
Pese a estas peticiones de suspensión -la primera al inicio de la jornada y una segunda vez tras la declaración de trapero- la juez Lamela ha seguido adelante con el interrogatorio.
En una nota oficial emitida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional se señala expresamente que la Fiscalía "velará porque en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a persencia del juzgado.
Trapero ha abandonado la Audiencia Nacional tras declarar una hora como investigado. El jefe de los Mossos ha salido a pie de la Audiencia, en libertad, y la Fiscalía no ha solicitado ninguna medica cautelar contra él.
Posteriormente, el jefe de los Mossos ha subido a un coche entre aplausos de políticos independentistas que han acudido a apoyar a los investigados en esta causa y gritos de "traidor" de un grupo de ciudadanos que se encontraba en la calle Génova.
Trapero, que estaba citado a las nueve de la mañana, llegaba media hora antes a la Audiencia Nacional vestido de uniforme, con semblante serio y escoltado a cada lado por dos comisarios de los Mossos también uniformados.
Se trata de Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, y de Ferrán López, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial, y a quien Trapero envió a algunas de las reuniones de coordinación policial con Guardia Civil y Policía Nacional para impedir el referéndun ilegal del 1-O.
Los Mossos ya adelantaron que Trapero sostendría en su comparecencia que la policía catalana ha cumplido "estrictamente" las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O.
El presidente de la ANC y el de Ómnium Cultural, recibidos con aplausos en la Audiencia. Vídeo: Agencia ATLAS
En una serie de mensajes en Twitter y en una carta que la cúpula de los Mossos remitió a todos los agentes, los mandos aseguraron que el Mayor aportaría toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre.
Antes de Trapero, ha comparecido por videoconferencia la intendente de los Mossos Teresa Laplana, citada también hoy para declarar como investigada por sedición por el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre.
La juez le ha eximido de trasladarse a la Audiencia Nacional tras acreditar la agente que padece un problema de salud.
Después de Trapero ha declarado el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; y por último el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el cuarto investigado en esta causa por sedición -un delito penado de 8 a 15 años de prisión-. Para ninguno se han pedido medidas cautelares.
Los momentos de tensión frenta a la Conselleria de Economía el 20 de septiembre. Vídeo: Agencia ATLAS
Lamela considera a estos cuatro investigados responsables del asedio a la Guardia Civil durante la operación policial contra el referéndum ilegal del 1-O y califica su participación como sedición al entender que el fin último de los disturbios fue el de una ruptura de la forma de Gobierno.
Tras admitir la denuncia de la Fiscalía por estos hechos, la juez pidió el atestado al instituto armado, que incluye hasta seis peticiones por escrito de la Guardia Civil a los Mossos en relación con los incidentes, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.
