Entre el despropósito, el fracaso y el cumplimiento del Estado de Derecho. Así se expresaron anoche representantes políticos, empresariales y sindicales de la provincial sobre los acontecimientos de ayer en Cataluña.
El jefe del Consell, Ximo Puig, aseguró que «todos estamos perdiendo con estas actuaciones. Lo que está ocurriendo es un momento de gran tristeza, sobre todo, por la ruptura emocional que provoca. Se ha demostrado una falta de inteligencia política por parte de los actores principales y deberían dar un paso atrás».
La consellera Mónica Oltra, por Twitter, indicó: «¡Vergüenza! O acabamos con Rajoy o el PP acaba con la democracia. "Amb el cor en un puny veient les imatges a Catalunya. Les porres NO són la solució".
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, por Facebook, tras la declaración de Mariano Rajoy, escribió: «No recuerdo un discurso mas cínico e hipócrita que el de Rajoy esta noche. No es el discurso de un líder democrático: excluye al discrepante, niega una parte esencial de la realidad y destroza los conceptos constitucionales al darles siempre la interpretación mas reaccionaria, más alejada, por cierto, de las interpretaciones que hicieron posible el consenso constituyente. Es precisa la censura parlamentaria de Rajoy, la movilización cívica para el diálogo para que los que defendemos ese dialogo no seamos tildados de traidores por una bipolarización estéril. Y defender la Constitución reformándola en profundidad».
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, también a través de Twitter expresó que «hoy (por ayer), la democracia lo que hace es salvaguardar los derechos de todos, desde la coherencia y la legalidad. Frente a eso, el ruido».
El alcalde de Elda (PSOE) y presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, resaltó que «ha sido un día triste, ha fracasado la política. Los actores principales de esta situación nos llevaban a un callejón sin salida, una situación que finalmente se ha visto culminada, poniendo en debilidad a las personas para quienes trabajamos los políticos. Es un paso atrás en la convivencia».
El portavoz municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, tildó la jornada de «dramática».
El alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), mostró su «preocupación por la grave crisis institucional y territorial, y deseo que mañana (por hoy) comience un nuevo periodo en el que la palabra y el diálogo nos lleven al acuerdo».
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), expuso que «ha funcionado el estado de Derecho, aunque para ello las fuerzas y cuerpos de segurar hayan tenido que actuar siguiendo el mandato de la Justicia, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley. A partir de ahora solo cabe exigir responsabilidades a aquellos dirigentes públicos que han transitado por la ilegalidad, utilizando mal los recursos que son de todos, y que se siga garantizando la convivencia y los derechos y libertades de los españoles para fortalecer la democracia».
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), incidió en que los representantes del pueblo «tenemos que dar ejemplo de responsabilidad, de sensatez, de honestidad y, sobre todo, de absoluto respeto a las leyes y a las personas a las que representamos, a todas, esto es la base que distingue una sociedad democrática y esto es lo que desde hace tiempo falta en los dirigentes catalanes. Los españoles no podemos callar ante las actitudes que enarbolando la bandera de la democracia, pisotean las normas más básicas y esenciales de la misma».
El primer edil de Alcoy, Toni Francés (PSOE), significó que «lo que hemos vivido hoy es una jornada muy triste para todos los españoles, consecuencia de un cúmulo de errores de los dos gobiernos. No se puede criminalizar a la población, a los que hoy han acudido a votar, quien ha pagado las consecuencias ha sido la población. A partir de ahora, se debe cambiar la estrategia ya que se ha demostrado que la que se ha seguido hasta ahora es un fracaso, se debe buscar una solución dialogada y que sea refrendada por el pueblo catalán».
El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), arguyó que «los independentistas han tratado de romper las normas que están en la Constitución. Gran parte de la culpa la tiene el gobierno del PP, que es el más manchado por la corrupción y, por tanto, no tiene legitimidad para nada y de eso se han aprovechado los independentistas y los del Govern para tapar también sus casos investigados».
El vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo (PP), dijo que «me parece un acto de clandestinidad a la luz de los smartphones, lo que se pretendía es un acto de propaganda de unos cuantos llevado al extremo y el Estado ha actuado en defensa de todos. Habrá que exigir responsabilidad a la Generalitat y a la presidenta del Parlament por haber roto el marco de concordia, este esperpento no es la manera de defender las ideologías».
Para la líder de CC OO, Consuelo Navarro, «ha sido vergonzante para la democracia y para quienes queremos vivir en paz dada la violencia institucional ejercida contra el pueblo catalán. Espero que algo se pueda hacer para que verdaderamente el diálogo y la negociación sean las bases del gobierno en un Estado social y de derecho».
La secretaria general de UGT, Yaissel Sánchez, destacó que «ha sido un día triste, los hechos vividos son impropios. Venimos defendiendo que exista diálogo, que se calmen los ánimos. Lo que pasará a partir de ahora es incierto. Se tiene que resolver a través de la política, la única solución es dialogo».
El secretario local de Podemos en Alicante, Pascual Pérez, indicó que «es una vergüenza lo que está sucediendo: crear un problema en vez de resolverlo. Una represión de este calado lo único que consigue es vulnerar los derechos de todos y, lejos de crear un cierto sentimiento de encaje, hacer independentistas a cien mil por hora».
Para la diputada por Alicante de Ciudadanos, Marta Martín, «nosotros no hemos hecho ninguna declaración porque para nosotros no hay un referéndum. Y como consideramos que no hay un referéndum, no nos pronunciamos».
El presidente de Coepa, Francisco Gómez, sostuvo que «ha sido un sinsentido, una pantomima y un despropósito, pero a la provincia no le va a afectar, seguiremos vendiendo como hasta ahora».
El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y el presidente de Ineca, Perfecto Palacio, declinaron hacer declaraciones.
