Los Mossos prevén cerrar los colegios electorales sin usar la violencia

Así consta en una orden interna, a la que ha tenido acceso Efe, que Trapero ha dictado para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les ordena cerrar los colegios electorales, en la que también establece que el uso de la fuerza policial en caso de "desobediencia pasiva" quedará restringido al "acompañamiento" de las personas hasta el exterior de los locales, sin usar las porras.

Los Mossos también comunicarán a las personas que se encuentren en el interior del local que lo deben desalojar antes de las 6.00 horas del 1 de octubre, con la única excepción de las que estén prestando algún tipo de servicio público.

Mientras tanto, agentes uniformados de los Mossos han empezado a acudir desde las 14.00 horas de este viernes a edificios públicos o de uso público designados como colegio electoral con la orden de identificar a las personas que preparen el referéndum del 1-O y cerrar los locales para que no puedan acoger la votación.

Los agentes se han encontrado en algunos casos grupos de padres que tratan de ocupar los centros junto a sus hijos.

Según han informado a Efe fuentes policiales, los agentes se han dirigido ya a varias escuelas e institutos de Cataluña, una vez finalizadas las clases, para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les obliga a impedir que abran para acoger la votación del 1-O, suspendida por el Constitucional.

En la orden, el mayor de los Mossos insiste en que la actuación de los agentes deberá basarse en los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad" y que deberá imperar la "contención y mediación" para contribuir a facilitar "el mantenimiento de la paz social y la convivencia".

"En todos los casos, antes de adoptar ninguna resolución que comporte el uso de la fuerza, se deberá tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias de una posible intervención policial, evitando generar un mal mayor que el que se trata de evitar, especialmente cuando entre las personas concentradas haya presencia de menores, ancianos u otros colectivos vulnerables", alega Trapero.

Las directrices del mayor están vigentes desde las 14.00 horas de este viernes y hasta las 21.00 horas del próximo 1 de octubre, y prevén que, con carácter genérico, se presente una dotación uniformada a los centros previstos de votación que estén ubicados en un edificio o local público o que, sin serlo, acojan cualquier tipo de servicio público.

Si en los locales se está llevando a cabo alguna actividad relacionada con la preparación del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, los Mossos deberán identificar a los responsables y requisar el material relacionado con la votación, como urnas, papeletas o listas de censo que se localizaran, ya fuese en el interior del edificio o a punto de ser introducido.

En caso de poder desalojar el colegio y, una vez intervenido el material electoral, los Mossos procederán a cerrar el edificio, con la única excepción de que éste no tenga previsto acoger ninguna actividad de servicio público durante el fin de semana, ante lo que se advertiría a las personas que lo ocuparan de que no se puede usar para el referéndum.

Según las directrices de Trapero, que este viernes ha reunido a la cúpula de la policía catalana para establecer estas órdenes, si hubiese personas concentradas en el exterior o el interior de los colegios que impidiesen el acceso de la dotación policial o no permitiesen que los agentes pudieran identificarles, lo tendrían que comunicar a la sala de mando, detallando el número de personas, su actitud y, especialmente, si hay menores, ancianos o colectivos vulnerables.

En función del número de personas concentradas, el estado de la situación y la presencia o no de personas responsables en los colegios con los que se pueda o no dialogar, los Mossos activarían más recursos de seguridad ciudadana y de mediación y, si los efectivos de orden público propios no fueran suficientes, se valoraría la activación de recursos de otros cuerpos, como Policía Nacional y Guardia Civil, como prevé la orden del TSJC.

Para el 1 de octubre, Trapero detalla en su orden que los agentes uniformados se posicionarán en el acceso al local para impedir su apertura y que, si cuando los agentes llegan al lugar ya hubiera personas en el interior, se les identificará, se requisarán papeletas, listas de censo, urnas y también los ordenadores usados para gestionar la votación y se les desalojará del local.

Una vez vaciado el centro, según la instrucción, los Mossos procederán a cerrar el colegio electoral, con la excepción de los que acojan un servicio público, que se podrán seguir prestando con la advertencia de que no está permitido preparar o ejecutar el referéndum suspendido.

Si el día de la votación las personas concentradas en el exterior o el interior del colegio electoral impiden el acceso de la dotación policial o no les dejan requisar el material, los agentes lo comunicarán a la sala de control, al igual que si, por ejemplo, la "presencia masiva" de concentrados desbordara la dotación y lograra abrir el centro.

La sala de mando se encargaría de activar más recursos de seguridad ciudadana, de mediación o de orden público y también de pedir refuerzos a otros cuerpos policiales.

Según Trapero, ante la imposibilidad de sacar a las personas de un colegio electoral, los agentes de orden púbico de los Mossos establecerán una línea de entrada "para impedir que acceda nadie más, dejando salir a las personas que estén en el interior cuando así lo deseen".

Paralelamente, el TSJC ha ordenado a Trapero que transmita a las policías locales de Cataluña su directriz, a instancias de la Fiscalía, para que custodien el material electoral del Estado, como urnas, depositado en edificios municipales.

La Generalitat recurre las medidas contra el 1-O

Por otro lado, la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las medidas ordenadas por la magistrada Mercedes Armas para evitar la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, ya que considera que vulneran la legalidad y están faltas de fundamento.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, el recurso de reforma se ha presentado este viernes ante el TSJC y sostiene que las medidas cautelares adoptadas por la magistrada vulneran el principio de proporcionalidad por afectar al orden público y a los derechos fundamentales.

El recurso también hace hincapié en un supuesto quebrantamiento del principio de proporcionalidad por grave afectación del funcionamiento de los servicios públicos y por supuestamente vulnerar la legalidad en materia de coordinación de seguridad: un cargo del Ministerio del Interior ha asumido la coordinación de los tres cuerpos policiales.

Querellas contra los fiscales

Además, la Generalitat ha presentado sendas querellas contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, al entender que han actuado "fuera de la ley" para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el TC.

En rueda de prensa, el conseller de Justicia, Carles Mundó, ha anunciado hoy que el Govern ha interpuesto ambas querellas contra Maza y Romero, ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por los delitos de prevaricación y usurpación de funciones.

En la rueda de prensa, Mundó ha detallado hasta "diez situaciones de vulneración de derechos civiles" que, a su parecer, han ocurrido en el intento de evitar el 1-O, con la "connivencia de todos los instrumentos del Estado", en lo que considera una "causa general contra el independentismo".