El laudo arbitral dictado para poner fin a las protestas de los trabajadores de Eulen Seguridad en el aeropuerto Barcelona-El Prat obliga a la empresa a pagar un complemento salarial de 200 euros al mes y a anular las medidas disciplinarias.

Tras la entrega del laudo a las partes por el árbitro -el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña-, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado que desde el punto de vista organizativo se ciñe casi literalmente a la anterior propuesta de medicación de la Generalitat.

La autoridad autonómica entró en escena tras el fracaso de la negociación entre empresa y trabajadores y ante una huelga que generaba largas colas en los filtros de seguridad de El Prat, pero su propuesta fue rechazada por la plantilla, lo que llevó al Gobierno al incremento del número de efectivos de la Guardia Civil en el aeropuerto y a imponer el laudo obligatorio.

El incremento salarial de 200 euros en doce pagas, que absorbe anteriores complementos por puesto de trabajo de Aena y que tendrá eficacia retroactiva al 4 de agosto, coincide con la propuesta de mediación, pero elimina la cláusula que establecía que no sería absorbible ni compensable por los pluses que pudieran acordarse en la negociación colectiva.

Según el ministro, se trata de una diferencia "relevante y muy significativa", ya que en caso de que el convenio fijara una subida salarial de 200 euros al mes, los empleados no verían aumentar su salario en 400 euros (200 del laudo más 200 por convenio), como sí habría ocurrido si se hubiese aceptado la propuesta de mediación.

Para asegurar la eficacia del arbitraje y crear un clima favorable a su aplicación, el árbitro considera que ambas partes "no deberán adoptar nuevas medidas de conflicto y huelga relacionadas con las materias del laudo" y deben quedar sin efecto las sanciones y los expedientes iniciados.

Este punto es vital si se tiene en cuenta que los trabajadores de Eulen están convocados a una nueva huelga todos los viernes a partir del 8 de septiembre para protestar por las "represalias" aplicadas por la empresa.

En cuanto a la plantilla, el laudo fija que, en la temporada alta -del 31 de marzo al 30 de octubre, Navidad, Semana Santa, puente del 6 al 8 de diciembre y Mobile World Congress-, habrá cinco trabajadores por filtro, más un correturnos de 25 puestos de trabajo en las franjas de máxima afluencia y horas puntas.

Asimismo, la empresa tendrá que actualizar antes de final de año la evolución de riesgo de los puestos de trabajo de filtros de pasajeros de El Prat, con especial consideración a la protección de la maternidad y el embarazo, así como a la organización y ordenación del trabajo.

Para De la Serna, el laudo "pone fin al conflicto y devolverá la normalidad al aeropuerto", opinión que no comparte la Generalitat, cuyo secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, alerta de que no garantiza la paz social en el futuro.

El laudo copia prácticamente la propuesta de mediación que los trabajadores rechazaron en dos ocasiones y no blinda a la plantilla de posibles sanciones futuras, y no evita que el plus fijado en el arbitraje quede neutralizado si el convenio estatal del sector contemplara algún tipo de complemento en el futuro.

A la convocatoria de nuevos paros que de momento aún mantienen los trabajadores de Eulen, se suma en El Prat la huelga convocada en Ilunion Seguridad que iba a empezar el sábado, pero que se ha aplazado hasta el 16 de septiembre, tras un acercamiento de posturas.

Pese a que el ministro espera que la situación en El Prat se normalice, es posible que el dispositivo especial de la Guardia Civil desplegado para garantizar la seguridad y el orden público continúe durante los próximos días o semanas.

El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha afirmado que "nadie discute" el obligado cumplimiento del laudo, que lo valorarán el sábado, y el lunes celebrarán una asamblea en la que los trabajadores decidirán si es suficiente.

También el director general de Eulen para España y Portugal, Emilio García, ha recalcado que la empresa acatará el laudo.

El sindicato CCOO estudia interponer una demanda judicial por la vulneración de derechos fundamentales, tanto del de huelga como del de negociación colectiva, al dejar la resolución del conflicto laboral en manos de un arbitraje obligatorio.