Los grupos parlamentarios del Congreso ultimarán este lunes el armazón del pacto de Estado contra la violencia machista, que incluirá doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años.

En la reunión que mantuvieron el 6 de julio en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, trataron de la necesidad de cerrar "lo antes posible" un pacto de Estado contra la violencia machista, uno de los siete acuerdos que expuso el jefe del Gobierno en su sesión de investidura.

En lo que va de 2017, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas se eleva a 31, aunque hay otros tres casos en investigación en Redondela (Pontevedra), Mogán (Las Palmas) y Valencia, según datos del Ministerio de Sanidad. Seis menores han sido víctimas mortales por violencia de género este año y otros quince menores se han quedado huérfanos a consecuencia de este problema, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

La subcomisión creada en la Cámara baja para articular el acuerdo de Estado se reunirá este lunes para la lectura y aprobación de su informe final, tras revisar algunas cuestiones pendientes como el concepto de violencia de género.

El viernes 28 de julio el texto se someterá a votación en la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares para expresar sus matizaciones y discrepancias con el documento.

Objetivos del Pacto

Diversas fuentes parlamentarias consultadas por Efe han mostrado sus dudas con respecto a la distribución del presupuesto de 1.000 millones entre las Administraciones central, autonómica y local, al indicar que solo está claro que 100 millones corresponderán a los ayuntamientos.

Los grupos han consensuado una serie de recomendaciones en los ámbitos de la prevención, la asistencia a las víctimas, la protección de los menores, el impulso de la formación de los distintos agentes o la mejora de la información sobre esta realidad social.

Todos los partidos políticos han coincidido en reconocer la relevancia de las políticas públicas dirigidas a sensibilizar a la sociedad y, especialmente, a niños, adolescentes y jóvenes sobre la lucha contra la violencia de género.

Ante el "alarmante" aumento de las nuevas formas de violencia machista existentes entre la juventud, han propuesto medidas específicamente dirigidas a los jóvenes, utilizando preferentemente las tecnologías de la información y la comunicación.También han planteado potenciar las consultas médicas, los centros sanitarios y las farmacias como plataformas informativas sobre este fenómeno.

Asimismo, han destacado la importancia de incrementar la atención de las víctimas en las zonas rurales y de mujeres de colectivos vulnerables, como las mayores, con discapacidad, las que pertenecen a minorías étnicas o las inmigrantes.

Una vez aprobado el informe de la subcomisión, se remitirá al Gobierno para que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a acuerdo con los representantes de comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia, organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones civiles.