En apenas tres meses al frente de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix ha ido acumulando numerosas polémicas que le han llevado finalmente a presentar su renuncia.
Llegaba el nuevo jefe Anticorrupción tras dos años en el Supremo y otros doce como jefe de la Fiscalía de Madrid. Una larga carrera en una de las Fiscalías más relevantes y complicadas.
Traía consigo decisiones polémicas, como la de pedir la puesta en libertad de Rodrigo Rato tras su detención, la de acusar al juez Elpidio Silva y la de calificar como falta y no delito el incidente de Esperanza Aguirre en la Gran Vía. Y, como se ha recordado ahora, varios archivos de denuncias por la gestión del Canal de Isabel II.
Pero, además, a Maza le advirtieron miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación contraria a la elección de Moix, de que su nombre aparecía en una conversación pinchada en una investigación en curso.
La investigación era el caso Lezo, precisamente sobre el Canal y se saldó con la detención del expresidente madrileño Ignacio González. El mismo que en esa conversación pinchada decía a Eduardo Zaplana que quería a Moix -"un tío serio"- en Anticorrupción y que su elección sería algo "cojonudo".
Pero, además, Moix soliviantó a los suyos y se topó con su reacción. Partidario de trocear los casos y evitar las macrocausas, intentó sin éxito frenar algunos registros clave en el caso Lezo, pero su criterio fue rebatido por la práctica unanimidad de los especialistas de la Fiscalía.
Tras ello, planteó el posible relevo de los fiscales del caso por su negativa a aceptar esa orden y, por si fuera poco, pretendió sustituir a los fiscales del 3 %, que investigan la posible financiación ilegal de CDC.
Todo ello desembocó en la celebración de un Consejo Fiscal -máximo órgano asesor del fiscal general- en el que los miembros de la UPF pidieron su relevo, pero en el que encontró el respaldo de los miembros de la asociación mayoritaria, la conservadora Asociación de Fiscales.
Pero también ocurrió que Maza paralizó el relevo de los fiscales del 3 % a la espera de más información.
Y, entre tanto, Moix armó un nuevo revuelo al exponer públicamente la posibilidad de castigar a los medios que publiquen filtraciones de sumarios. Le preocupaba mucho lo que se filtraba, no sólo de los sumarios, sino también de lo que ocurría en la trastienda de la Fiscalía.
El resumen es que, mientras su antecesor, Antonio Salinas, permaneció trece años en el cargo sin generar titulares o polémicas, el nombre de Moix se hizo conocido en pocos días y copó portadas, informativos y tertulias durante tres meses.
Pese a todo ello, no le faltó el apoyo público de su jefe; del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ni del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Incluso una vez conocida su participación en una sociedad radicada en un paraíso fiscal, el jefe del Ejecutivo dijo que mantenía la confianza en él.
De todos modos, hasta la conservadora Asociación de Fiscales le pidió ayer mismo su renuncia porque veía "comprometida en este momento la imagen de imparcialidad de la institución".
También el Gobierno optó por el silencio y señaló al fiscal general como responsable del cese o la continuidad de Moix. Él mismo cambió el tono y abrió la puerta a su salida. Hoy se ha cerrado y ha quedado fuera. Menos de cien días después de su nombramiento.
