Pablo González, el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, se reunió con el 'número dos' del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, al saber que estaban siendo investigados por la Guardia Civil en el marco de la posteriormente bautizada como 'operación Lezo'.

Así se desprende del auto, al que ha tenido acceso Europa Press, del juez al frente de la instrucción del caso, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que este viernes acordó la prisión incondicional comunicada para Ignacio González y también para su hermano Pablo, eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros.

"Recientemente en una reunión con sus hermanos", expone el auto, "hablaron de una posible investigación policial a su hermano Ignacio y en esa reunión hablaron sobre quién ocupaba actualmente el cargo de secretario de Estado de Seguridad". "Al día siguiente de conocer la posible existencia de una investigación a su hermano Ignacio se habría reunido con un secretario de Estado", continúa el juez Velasco.

Preguntado por esta reunión, fuentes del Ministerio del Interior han explicado a Europa Press que Pablo González solicitó una reunión en la Secretaría de Estado con José Antonio Nieto. Ambos se conocían de la etapa del segundo como alcalde de Córdoba, ya que trató con el hermano de Ignacio González por ser éste directivo de la Empresa Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) y, por tanto, prestar servicios a Mercacordoba.

Pablo González ha sido director de Estrategia y Operaciones de Mercasa y también representante de esta empresa en Mercacordoba, entidad de la que posee el 49% de sus acciones. El Ayuntamiento de Córdoba es titular, a su vez, del 51% de las acciones restantes.

La reunión, según estas fuentes, se celebró el 8 de marzo y no duró más de 15 minutos. "Fue puramente protocolaria, ya que Pablo González se limitó a felicitar al secretario de Estado por su reciente nombramiento, manifestó su voluntad de colaborar con la Secretaría de Estado en todo cuanto se pudiera hacer desde Mercasa y, concretamente, explicó que estaba trabajando en un nuevo plan de construcción de centros de Mercasa, cuyas medidas de seguridad quería coordinar con los técnicos de la Secretaría de Estado", explican a Europa Press.

"No hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación, especialmente de la denominada 'Operación Lezo', de cuya existencia el secretario de Estado de Seguridad no tuvo conocimiento hasta que la investigación judicial dio como resultado las detenciones realizadas", añaden las citadas fuentes del Ministerio del Interior.

El hermano del expresidente madrileño es directivo de Mercasa y uno de los investigados en 'Lezo', según el auto de prisión, por su participación en una red de blanqueo de capitales encabezada por Ignacio González y en la que también participaron otros familiares como su mujer, Laura Clavero (que no está detenida), y el cuñado del expresidente madrileño, José Juan Caballero (en prisión eludible previo pago de 100.000 euros).

Los hechos investigados en la 'operación Lezo' constituyen en principio los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, falsificación, prevaricación, malversación y fraude.

En otro operativo ordenado en esta ocasión por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió también el miércoles en la sede de Mercasa por irregulares del consorcio en Angola. Diez personas fueron imputadas por los delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

El PSOE exige la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia

Mientras, el PSOE ha pedido la comparecencia "urgente" en el Congreso del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; el de Justicia, Rafael Catalá, y el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, tras las "gravísimas" novedades conocidas hoy en el auto del juez Eloy Velasco.

En una comunicado remitido hoy, el grupo parlamentario socialista señala que la información conocida hoy "aumenta la alarma social que ha provocado este caso".

"En las conversaciones grabadas durante la investigación, publicadas hoy por los medios de comunicación, se ha conocido además que Ignacio González se jactaba de hablar con el ministro de Justicia sobre los nombramientos de fiscales y en concreto sobre el nombramiento de Manuel Moix como fiscal anticorrupción", destaca el PSOE en su comunicado.

El grupo socialista ya registró este jueves las solicitudes de comparecencia de los ministros de Justicia e Interior, ante la sospecha de que pudieran estar relacionados con el chivatazo al expresidente madrileño.

Ante los detalles del auto judicial conocidos hoy, el PSOE ha anunciado que el próximo lunes solicitará por escrito que las comparecencias de ambos ministros se produzcan con carácter "urgente".

También registrará la solicitud de comparecencia inmediata del secretario de Estado de Interior para que "explique su reunión en la sede del Ministerio con una persona que estaba siendo investigada por la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado".