El exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama de corrupción Pretoria, Luis Andrés García, "Luigi", ha dicho hoy que los antiguos hombres de confianza de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, cobraron una comisión del 4 % por mediar en dos operaciones urbanísticas.

Lo ha declarado en la tercera sesión del juicio que se está celebrando estos días en la Audiencia Nacional y en el que se enfrenta a una petición fiscal de 8 años de cárcel y 22,6 millones de euros de multa por tres delitos continuados de tráfico de influencias y otro de blanqueo.

Esa comisión del 4 % -que es, según él, "en lo que está el mercado"- la cobraron el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra en conceptos de "intermediación privada", es decir por presentarle al comprador de unos terrenos que éste había adquirido previamente en las localidades barcelonesas de San Andrés de Llavaneras y Badalona.

Se trata de las operaciones "Badalona" y "Niesma", relacionadas con la compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de Badalona y en torno a dos fincas en San Andrés en las que, según la Fiscalía, los tres acusados ejercieron una "situación de dominio" en el ámbito de las adjudicaciones públicas.

Y, según "Luigi", fueron los exaltos cargos de Convergencia los que acordaron que percibirían el 4 % del total del precio de adquisición con las sociedades Proyecto Inmobiliario Valiant en la "Operación Niesma" y Espais Promotores Inmobiliarios en la "Operación Badalona".

La fiscal Anticorrupción Ana Cuenca calcula que ese porcentaje asciende a poco más de 637.500 euros, que ambos ocultaron a Hacienda a través de un complejo entramado de sociedades opacas y sirviéndose de otros acusados.

Pero lo que ha dejado claro por encima de todo el principal acusado hoy es que él no era "conseguidor" de ninguna trama de corrupción, como cree la Fiscalía, sino que solo era un promotor que intentaba sacar beneficio de sus operaciones urbanísticas.

"En ningún caso he intervenido, intermediado ni gestionado por cuenta de terceros ninguna operación urbanística", ha asegurado.

No lo cree así el Ministerio Público, que sostiene que "Luigi" lideró "un entramado dirigido a manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas" ejerciendo una influencia "notoria" sobre los cargos públicos encargados de decidir sobre las mismas y percibiendo un total de 5,9 millones de euros que ocultó al fisco a través de sociedades opacas.

También ha negado que tuviese "información privada extraordinaria de ninguna administración" o que alguien le informase sobre lo que se hablaba en los plenos de los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras, a los que la trama pudo defraudar en torno a 45 millones de euros.

Para el acusado, eso es algo "absurdo" e "imposible", sobre todo si se sabe cómo funciona una administración pública.

Tampoco informó, según ha declarado, a ningún empresario acerca de información privilegiada de los consistorios, algo que ha quedado desmentido en las grabaciones que se han reproducido hoy en la sala y que su abogado impugnó el primer día por vulneración de sus derechos fundamentales.

En concreto, se ha oído cómo el acusado dice al interventor encargado de emitir el informe favorable de la adjudicación del proyecto de la tercera operación investigada, "Pallaresa", en Santa Coloma de Gramanet: "Nos inventamos las concurrencias, presentamos tres propuestas y a hacer gárgaras".

La sesión de hoy también ha estado marcada por la confesión del propietario de la empresa Limasa, que lleva encargándose de la limpieza de los edificios públicos de Santa Coloma desde los años 70.

Ha confirmado que pagó los 6.480 euros que le pidió el exalcalde Bartolomé Muñoz en tres "sobrecitos" a cambio de que éste interviniese a su favor para que se le prorrogase el contrato de limpieza a su empresa.

"Ya está arreglado y liquidado y ni una palabra a nadie", le confirmó Muñoz a raíz de su intervención.