El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez en relación con la trama Púnica y que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".
Maza ha precisado que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
"Si tengo que comparecer, encantado de hacerlo y aclararlo todo porque a mi esto me resulta sorprendente. Igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuáles la Fiscalía está investigando y colaborando, hay casos en los cuáles consideramos que un ciudadano no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal", ha aseverado Maza antes de participar en la inauguración de un curso sobre criminalidad informática.
Además ha calificado de "insensato" pensar que se ha forzado al Ministerio Fiscal a pedir que no se investigue al presidente popular y ha reincidido en que se trata de una decisión tomada analizando los criterios de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, los cuáles comparte y considera "razonables".
Según informaron fuentes fiscales a Europa Press, Anticorrupción consultó antes de la emisión de su informe a Maza en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".
Contratos no formalizados
Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala, que coinciden con los del propio Maza, fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrupción en funciones Belén Suárez y remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que instruye el caso 'Púnica'. Fuentes cercanas al caso han señalado que las fiscales del mismo, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sí veían motivos para imputar a Sánchez.
En el informe presentado se argumenta que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.
El informe emitido por la Fiscalía el pasado lunes -en el que sí considera que se debe elevar al Tribunal Supremo la investigación sobre la conducta de la senadora Pilar Barreiro- fue presentado ante el magistrado instructor del caso, Eloy Velasco, después de que éste dictara un auto en el que conformó la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuyó la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Sánchez, y otras cinco conductas presuntamente delictivas a Barreiro.
